Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el Gobierno federal ha logrado un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos tras eliminar las llamadas “pensiones doradas”. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcalde aclaró que esta medida mantiene vigente el tope máximo para las pensiones, equivalente al salario de la Presidenta de la República.
Contexto y aplicación de la reforma constitucional
La Consejería Jurídica emitió una opinión para resolver dudas sobre la reforma constitucional que establece límites a las pensiones de exfuncionarios. La Constitución contenía dos referencias que podían interpretarse como contradictorias: una fijaba el tope en la mitad del salario presidencial y otra en el salario completo.
Ante esta ambigüedad, se determinó aplicar el criterio más favorable para los pensionados, estableciendo como límite máximo el salario íntegro de la Presidenta. Esto significa que quienes recibían la mitad del salario pasaron a tener como tope el salario completo, sin que ello implique la reinstauración de las pensiones doradas.
La Consejera Jurídica enfatizó que las pensiones que superaban el salario presidencial, algunas de hasta un millón y medio de pesos mensuales, ya no existen. “Nadie puede obtener una pensión superior al sueldo de la titular del Ejecutivo federal”, afirmó.
Corrección de ambigüedades y siguiente paso legislativo
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la redacción de la reforma generó interpretaciones diversas. Por ello, anunció que enviarán una modificación al Congreso para eliminar cualquier ambigüedad y dejar claro que el tope es el salario de la Presidenta.
Esta corrección se presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones para que quede expresamente establecido en la Constitución. La intención es evitar confusiones y consolidar el ahorro generado por la eliminación de pensiones excesivas.
De esta forma, el gobierno busca mantener la disciplina financiera y evitar que se regresen prácticas que implicaban un gasto excesivo en pensiones para exservidores públicos.
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