
Internacional, 28 de julio de 2026.- Documentos revelados por la agencia Reuters muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha utilizado datos proporcionados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para detener a más de 12,000 personas, incluyendo niños y sus familias. Este cambio en la política migratoria ha generado críticas por la afectación directa a menores migrantes y sus patrocinadores.
La ORR, creada en 1980 para proteger y alojar a menores migrantes no acompañados, ha compartido desde el segundo mandato de Donald Trump cerca de 460,000 registros con ICE. Anteriormente, esta agencia se encargaba de facilitar la reunificación familiar sin involucrarse en procesos de detención o deportación.
Víctor, un joven guatemalteco que llegó a Texas a los 17 años tras la muerte de su tío, fue liberado de un centro de acogida la noche antes de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, dos meses después, su madre y su pareja fueron detenidos por agentes de ICE tras recibir información de la ORR. Actualmente, Víctor cuida a su hermano menor mientras enfrenta la incertidumbre sobre el paradero de su familia.
ICE detiene a niños y familias con datos de agencia de refugiados
La ORR ha incrementado el tiempo promedio de estancia de menores en sus refugios de 30 días en 2024 a 194 días en 2026. Durante este periodo, se realizan exhaustivas verificaciones que incluyen huellas dactilares, pruebas de ADN y antecedentes penales de los patrocinadores. Estas medidas, supuestamente para proteger a los menores, han provocado demoras y han expuesto a las familias a detenciones inesperadas.
Aurora, madre de una niña de seis años, relató que tras reunirse con su hija fue detenida junto a ella y enviada a un centro de reclusión familiar en Texas. Actualmente, enfrenta un proceso legal mientras lleva un dispositivo de monitoreo y ha tenido que cambiar de residencia varias veces.
Impacto y controversia en políticas migratorias de EE. UU.
Jen Smyers, exsubdirectora de la ORR durante el gobierno de Joe Biden, denunció que el programa infantil está siendo utilizado como un instrumento para aumentar las deportaciones. Por su parte, la ORR negó su participación directa en detenciones, aunque el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la agencia ha facilitado información para identificar a patrocinadores no verificados.
Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados especializados en inmigración. Alexa Sendukas, abogada en Galveston-Houston, señaló que los arrestos de patrocinadores y sus familias han aumentado, afectando la estabilidad de miles de migrantes.
El cambio en la política de la ORR representa una desviación significativa de su misión original, afectando la protección y reunificación de menores migrantes en Estados Unidos. La controversia continúa mientras las familias esperan resoluciones legales y mayor claridad sobre sus derechos.
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