La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera tajante el reciente reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual sugiere que en el país existen indicios de crímenes de lesa humanidad. Durante su conferencia matutina del 6 de abril de 2026, la mandataria aclaró que dicho documento no representa la postura oficial de la Organización de las Naciones Unidas, sino que fue redactado por un grupo de expertos vinculado a ella. Con estas palabras, el Ejecutivo busca restar peso político a una resolución que pide medidas internacionales urgentes ante la crisis de desaparición forzada que atraviesa el territorio nacional.
El gobierno federal argumenta que el informe tiene una metodología defectuosa, ya que se concentra principalmente en casos ocurridos entre los años 2009 y 2017. Según la administración actual, el comité utilizó datos de sexenios anteriores para intentar explicar la situación actual, ignorando los avances que se han logrado desde el inicio de la actual etapa política en 2018. Para Sheinbaum, este enfoque resulta tendencioso y parcial, pues no toma en cuenta la reducción de índices delictivos ni los esfuerzos realizados por el Estado para combatir la desaparición forzada de personas.
Las fallas técnicas señaladas en el reporte sobre desaparición forzada
Otro punto crítico que destaca el gobierno es la supuesta omisión de información oficial entregada recientemente por las autoridades mexicanas. El 27 de marzo de 2026, México presentó una revisión del Registro Nacional donde se aclara que, de los más de 132 mil casos registrados, solo cerca de 43 mil podrían clasificarse legalmente bajo el concepto de desaparición forzada. El hecho de que el comité rechazara estos datos actualizados es visto por la presidencia como una prueba de que el documento carece de rigor jurídico y busca afectar la imagen de la nación ante la comunidad internacional.
Además del rechazo a las cifras, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación señalaron un posible conflicto de interés entre los redactores del informe. Se acusa que al menos uno de los integrantes del comité trabajó previamente con organizaciones no gubernamentales que han mantenido una postura de confrontación constante contra México. Esta situación refuerza la idea del gobierno de que el texto es un “ataque externo” motivado por intereses políticos y no por una preocupación genuina sobre la desaparición forzada en México.
Reacción de los colectivos y el impacto de la desaparición forzada
A pesar de la defensa oficial, la controversia ha escalado rápidamente entre los colectivos de buscadores y las familias de las víctimas, quienes califican la respuesta del gobierno como “indignante e irresponsable”. Para estas organizaciones, que enfrentan diariamente la realidad de las fosas clandestinas y la impunidad, el rechazo a los expertos internacionales es visto como una forma de evadir la responsabilidad del Estado. Los grupos civiles insisten en que las cifras de desaparición forzada son una crisis humanitaria real que no puede resolverse simplemente con comunicados o descalificaciones técnicas.
