Ciudad de México, 14 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal mantiene una política de “cero impunidad” frente a alcaldes y funcionarios públicos investigados por presuntos delitos, siempre que existan pruebas contundentes para proceder legalmente.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió sobre los casos de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, y la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles. La mandataria pidió esperar el desarrollo de las investigaciones y advirtió que en ocasiones pueden existir motivaciones políticas detrás de algunas denuncias.
“Primero hay que ver la certidumbre de los delitos, porque a veces también hay asuntos políticos. Cuando hay un delito de un presidente municipal o alguna autoridad en funciones, no hay impunidad”, señaló la presidenta.
Sheinbaum subrayó que el gobierno federal no protege a ningún servidor público involucrado en conductas ilícitas, pero enfatizó que toda acción debe estar respaldada por evidencias sólidas.
Como ejemplo de esta política, recordó la detención en mayo pasado del entonces alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, electo por la coalición PAN-PRI, a quien se le atribuyen presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la coordinación de extorsiones. También mencionó la captura en febrero del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, militante de Morena.
Al ser cuestionada sobre un mensaje para la militancia de Morena ante estos casos, Sheinbaum aclaró que su postura es para toda la población mexicana y no para un partido en específico.
Cero impunidad y pruebas contundentes
La presidenta reiteró que el gobierno federal actúa con base en investigaciones sólidas y que el Gabinete de Seguridad interviene cuando hay evidencias claras de delitos cometidos por autoridades municipales.
Casos recientes y contexto político
Los casos de detenciones recientes han generado debate sobre la relación entre política y justicia en México. Sheinbaum insistió en que no existe protección política para funcionarios investigados, pero también reconoció que algunas denuncias pueden tener motivaciones políticas, por lo que es necesario contar con pruebas para proceder.
De esta forma, el gobierno federal busca garantizar que la justicia se aplique sin favoritismos y que los procesos legales se desarrollen con transparencia y rigor.
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