24 de abril del 2026 – local. La Fiscalía General del Estado ha logrado un avance significativo en la impartición de justicia al conseguir que un Juez de Control inicie un proceso legal contra Berenice del Rosario “N”. Esta mujer es señalada por su presunta responsabilidad en un grave caso ocurrido en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde se utilizó la fuerza para intentar despojar a ciudadanos de sus propiedades. La acción de chantaje para despojo fue investigada minuciosamente por la Fiscalía Especializada, que presentó pruebas contundentes para evitar que este acto quedara en la impunidad.
Según las investigaciones preliminares, los hechos se remontan a mayo de 2025, cuando la ahora procesada, junto con un grupo de cómplices, mantuvo bajo vigilancia a sus víctimas. El plan consistía en esperar el momento exacto en que una de las personas se dirigiera a su terreno, el cual funcionaba como una tienda y estacionamiento público. Este intento de cobro bajo amenaza escaló rápidamente cuando los agresores abordaron a los afectados, utilizando métodos violentos para someterlos y tratar de cumplir con sus objetivos ilícitos.
El uso de la fuerza para la apropiación de bienes
Una vez que tuvieron contacto con las víctimas, Berenice del Rosario “N” y sus acompañantes presuntamente utilizaron armas de fuego para amedrentarlas y evitar cualquier tipo de resistencia. Bajo este clima de terror, obligaron a los dueños del lugar a firmar diversos pagarés y documentos donde cedían sus derechos de posesión. Esta modalidad de presión ilegal para firmar documentos buscaba darle una apariencia de legalidad a lo que en realidad era un robo planeado, afectando el patrimonio que los agraviados habían construido con esfuerzo.
Tras sufrir este ataque, las víctimas acudieron a las autoridades para denunciar los hechos, lo que permitió que la representación social iniciara las carpetas de investigación correspondientes. Gracias a la denuncia oportuna, se pudo identificar a la imputada como una de las principales participantes en la exigencia violenta de propiedades. El análisis de los datos permitió establecer una ruta clara de los hechos, lo que llevó a que se solicitara de inmediato una orden de captura para asegurar que la presunta responsable no evadiera la acción de la justicia.
Proceso judicial y medidas de seguridad
Agentes de la Policía de Investigación cumplieron con la orden de aprehensión, trasladando a la mujer ante la autoridad judicial que la requería. Durante la audiencia, el juez analizó cada una de las pruebas aportadas y determinó que existían elementos suficientes para vincularla a proceso. Esta implicación en actividades de extorsión ha sido castigada preventivamente con la cárcel, ya que el magistrado consideró necesario que la mujer permanezca en prisión mientras se desarrolla todo el juicio para proteger a los denunciantes.
La medida cautelar de prisión preventiva se fijó por un periodo de hasta dos años, tiempo durante el cual se cerrarán las investigaciones y se dictará una sentencia definitiva. Con este resultado, las autoridades envían un mensaje claro contra cualquier práctica de intimidación patrimonial en la zona norte del estado. La vigilancia en el municipio de Lázaro Cárdenas se ha reforzado para evitar que grupos dedicados al despojo de tierras continúen operando, garantizando que el derecho a la propiedad privada sea respetado en toda la entidad.
