Nacional, 29 de junio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la investigación publicada por el periódico estadounidense New York Times que afirma que funcionarios vinculados a Morena estarían colaborando con el gobierno de Estados Unidos en una pesquisa contra presuntos vínculos con el narcotráfico.
En una conferencia de prensa, Sheinbaum cuestionó la credibilidad de la nota que señala que varios morenistas actúan como informantes para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “¿Cómo puede haber una nota así, en un periódico que se dice ser de los mejores del mundo? Me dijeron, una fuente, quién sabe quién”, expresó la mandataria.
La presidenta federal aclaró que su administración no tiene conocimiento de funcionarios que cooperen con autoridades estadounidenses en investigaciones internas. “No sabemos si es cierto porque no tenemos ninguna información de que alguien esté proporcionando datos a Estados Unidos”, añadió.
Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, respondió a la misma publicación con una carta dirigida al New York Times, negando cualquier notificación o investigación en su contra relacionada con los señalamientos del medio.
Sheinbaum destacó la falta de contexto en la nota y la incertidumbre sobre las fuentes utilizadas. “Debería darse mayor contexto, porque ¿cómo que una fuente me dijo que 10 personas están informando?”, cuestionó la presidenta.
Repercusiones en la política mexicana
Esta investigación del New York Times ha generado dudas sobre la transparencia y la relación entre funcionarios mexicanos y agencias estadounidenses. Sin embargo, la respuesta oficial de la presidenta Sheinbaum y el gobernador Durazo pone en duda la veracidad de las acusaciones, al no existir confirmaciones oficiales ni procesos legales abiertos.
Contexto y antecedentes
El artículo del New York Times se inscribe en un contexto donde la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y narcotráfico es constante, pero también sensible por las implicaciones políticas y sociales que conlleva. La falta de claridad sobre las fuentes y la respuesta oficial generan un debate sobre la responsabilidad periodística y el impacto en la opinión pública.
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