Cancún, Quintana Roo, 26 de junio de 2026.- Habitantes de la colonia Santa Cecilia bloquearon durante más de 12 horas la avenida José López Portillo en ambos sentidos. La protesta inició la noche del jueves y se extendió hasta la mañana del viernes, interrumpiendo la circulación vial en esta arteria principal.
Un grupo aproximado de 80 personas colocó piedras y ramas para impedir el paso de vehículos. Exigían al ayuntamiento la realización de obras públicas y mayor seguridad en sus calles. Además, advirtieron que no liberarían la vialidad hasta obtener un acuerdo formal por escrito.
En respuesta, agentes de Tránsito desviaron el flujo vehicular por rutas alternas para evitar mayores afectaciones. También acudieron funcionarios municipales, entre ellos Pablo Gutiérrez, secretario de Protección Civil, quien dialogó directamente con los manifestantes.
Gutiérrez explicó que debido a que Santa Cecilia es una colonia irregular, no es posible pavimentar sus calles por el momento. Sin embargo, se comprometió a gestionar maquinaria para aplanar las vialidades y reducir el problema del polvo, así como a enviar pipas de agua para mejorar las condiciones.
Asimismo, el ayuntamiento acordó revisar el proceso jurídico para avanzar en la municipalización de la colonia, lo que podría facilitar la incorporación de servicios y obras públicas en el futuro.
Finalmente, alrededor de las 10 de la mañana, los habitantes aceptaron retirar el bloqueo, permitiendo que la circulación en la avenida José López Portillo se normalizara.
Impacto y respuesta municipal
El bloqueo afectó la movilidad en una de las vías más transitadas de Cancún, evidenciando la demanda ciudadana por servicios básicos y seguridad en zonas irregulares. La intervención del secretario de Protección Civil fue clave para establecer compromisos concretos y evitar una escalada del conflicto.
Situación de colonias irregulares en Cancún
Santa Cecilia forma parte de las colonias que enfrentan limitaciones legales para acceder a infraestructura pública. La municipalización es un proceso jurídico que permite integrar estas áreas al esquema oficial de servicios, lo que podría mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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