Washington, 23 de junio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a cinco entidades estatales cubanas, incluyendo tres vinculadas al conglomerado militar Gaesa y dos relacionadas con el sector minero y metalúrgico, además de sancionar a una familiar del expresidente cubano Raúl Castro.
El Departamento de Estado detalló que las empresas sancionadas asociadas a Gaesa son Almacenes Universales S.A. (AUSA), Rafin S.A. y Banco Financiero Internacional (BFI). Por su parte, las entidades del sector minero y metalúrgico afectadas son Geominera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida también como Antillana de Acero.
Además, la persona sancionada es Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos y previamente sancionado por Estados Unidos.
Sanciones contra Gaesa y su impacto
El comunicado oficial describe a Gaesa como el motor financiero detrás del aparato de seguridad represivo del régimen cubano. Dos de las entidades designadas son instituciones financieras que gestionan fondos en nombre del gobierno cubano, mientras que una tercera se dedica a logística para ejecutar órdenes en toda la isla.
El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó en un mensaje en la red social X que Gaesa ha desviado recursos escasos de Cuba hacia actividades represivas, subversivas y de espionaje, en lugar de destinarlos a servicios básicos como educación y energía.
Rubio advirtió que cualquier persona o entidad que continúe brindando servicios a estas organizaciones sancionadas podría enfrentar también sanciones, e instó a bancos extranjeros y empresas a suspender inmediatamente sus relaciones con estas entidades.
Contexto y repercusiones internacionales
Estas sanciones forman parte de la política estadounidense para presionar al régimen cubano y limitar sus capacidades financieras y operativas. La medida incluye tanto a sectores estratégicos como la minería y la metalurgia, además de apuntar a vínculos familiares de altos funcionarios cubanos.
El impacto de estas sanciones podría complicar aún más las relaciones bilaterales y afectar la economía cubana, en un contexto donde la isla enfrenta desafíos sociales y económicos significativos.
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