20 DE ABRIL DEL 2026 – NACIONAL. Más de 300 habitantes de Jiménez del Téul se reunieron en una asamblea comunitaria para manifestar su rotunda oposición al proyecto hidráulico que pretende inundar sus tierras. Los pobladores denunciaron que la consulta oficial organizada por la Semarnat en el municipio de Sombrerete fue una “simulación”, ya que se realizó lejos de la zona afectada. Según los manifestantes, el gobierno estatal busca resolver los problemas de agua de la capital utilizando recursos de una comunidad que no ha sido tomada en cuenta debidamente en la toma de decisiones.
La obra, impulsada por el gobierno de David Monreal Ávila, consiste en un embalse con una cortina de 90 metros de altura que inundaría cerca de 300 hectáreas de terreno. El objetivo principal es llevar agua a la zona metropolitana de Zacatecas a través de un ducto de gran tamaño, pero los locales temen perder su forma de vida basada en la agricultura y la ganadería. Esta oposición a la construcción de la presa Milpillas ha crecido debido a que los habitantes prefieren conservar su territorio antes que aceptar promesas de convertirlos en pescadores o guías turísticos.
Desigualdad social y académica en la lucha por el agua
Durante la asamblea alterna, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) presentaron datos que contradicen la versión oficial del proyecto. Los expertos señalaron que el costo de la obra se ha disparado de 3.2 mil millones a 8.9 mil millones de pesos, una cifra que consideran excesiva. Además, la resistencia contra la construcción de la presa Milpillas se fundamenta en que el municipio de Jiménez del Téul es uno de los más pobres y marginados del estado, con altos índices de analfabetismo y falta de servicios básicos.
Los académicos explicaron que, mientras se planea esta megaobra, las grandes empresas mineras y la industria cervecera en Zacatecas son las que consumen los mayores volúmenes de agua de mejor calidad. En contraste, los ciudadanos de Fresnillo y la capital reciben agua extraída a grandes profundidades que suele estar contaminada con metales pesados. Esta injusticia en la distribución del recurso ha fortalecido el rechazo a la construcción de la presa Milpillas, ya que los campesinos sienten que el gobierno trabaja para beneficiar a los grandes empresarios en lugar de al pueblo.
Una década de amenazas y lucha por el territorio
La lucha de los jimenenses no es nueva, pues llevan diez años enfrentando presiones, acoso y amenazas de muerte por defender el río Atenco. Algunos líderes sociales han tenido que abandonar el estado o incluso el país para salvar sus vidas, integrándose a mecanismos de protección para defensores de derechos humanos. La controversia por la construcción de la presa Milpillas ha fracturado la paz social en la región, dejando a las familias en un estado de incertidumbre constante sobre el futuro de sus hogares y sus tierras ejidales.
Finalmente, las mujeres y jóvenes de la comunidad expresaron que no quieren conflictos, pero que no permitirán que se les arrebate “la vida misma” sin ser escuchados. Denunciaron que la empresa minera La Colorada ya vierte aguas tratadas de sus desechos al río local, lo que agrava la preocupación por el medio ambiente. El Movimiento en Defensa del Río Atenco y su Territorio dejó claro que la lucha social ante la construcción de la presa Milpillas continuará hasta que se respeten sus derechos y se busque una alternativa que no sacrifique a los municipios más olvidados por el poder político.
