Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Jennifer Krystel Castillo como la nueva administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 26 votos a favor y ocho en contra.
Durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente, Castillo destacó que su gestión buscará optimizar los procesos de recaudación mediante auditorías más eficientes, sin saturar ni generar molestias innecesarias a los contribuyentes.
La nueva titular explicó que su plan contempla agilizar los tiempos de devolución a los contribuyentes, mejorar el control y resolución de auditorías, así como reducir los plazos para consultas y autorizaciones que requieren los causantes.
Además, adelantó que se trabajará en fortalecer y renovar los criterios para la programación de auditorías, enfocándose en actividades consideradas de alto riesgo fiscal, con el fin de consolidar mejores prácticas de transparencia en dichos procesos.
Jennifer Krystel Castillo también planteó la necesidad de uniformar los criterios de revisión para garantizar certeza jurídica a los contribuyentes y respetar los plazos legales, así como los procedimientos establecidos en la ley y los tratados internacionales para evitar la doble tributación.
Finalmente, señaló que se fortalecerá el acercamiento con los contribuyentes para aclarar los requerimientos de información y asegurar la certeza jurídica sobre cómo debe presentarse, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de resolución de los procedimientos fiscales.
Impacto en la gestión fiscal del SAT
La ratificación de Castillo se da en un contexto donde la fiscalización a grandes contribuyentes es clave para incrementar la recaudación sin afectar la actividad económica. Su enfoque en auditorías más precisas y transparentes puede influir en la percepción y confianza de los contribuyentes.
Compromiso con la certeza jurídica y transparencia
El compromiso de uniformar criterios y respetar los tratados internacionales apunta a reducir incertidumbres legales para los contribuyentes, un aspecto fundamental para evitar conflictos fiscales y asegurar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias.
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