Un fuerte descontento social se ha desatado en contra de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tras denunciarse un comportamiento irregular por parte de su personal. El pasado 1 de abril, peritos adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron a la base de transporte “Líneas Unidas” en Santa Lucía Ocotlán para investigar el homicidio de un trabajador. Sin embargo, las cámaras de seguridad del lugar captaron a los funcionarios realizando acciones ajenas a su labor profesional, lo que derivó en acusaciones de sustracción de bienes pertenecientes a los empleados del establecimiento.
La denuncia formal señala que, además de las diligencias por el asesinato, los agentes habrían tomado aproximadamente 15 mil pesos en efectivo. Este dinero correspondía a la cuenta del día de la empresa y a una colecta solidaria destinada a la familia de un compañero hospitalizado. El robo en escena del crimen se volvió viral cuando los videos de vigilancia circularon en redes sociales, mostrando a los peritos manipulando objetos que no tenían relación con el hecho delictivo principal, lo que ha puesto en duda la ética de los servidores públicos involucrados.
La controversial respuesta de la Fiscalía
Ante la presión mediática, el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, ofreció una explicación que lejos de calmar los ánimos, generó mayor indignación. El funcionario admitió que los peritos se llevaron una bolsa de camarones propiedad de una trabajadora, pero argumentó que estos fueron tomados como “muestras” para la investigación. Aunque el producto fue devuelto días después, la empresa reportó que los alimentos regresaron en avanzado estado de descomposición, lo que refuerza la teoría de un abuso de poder más que de un procedimiento técnico legítimo.
Respecto al dinero en efectivo, la institución no ha dado una respuesta clara, y los 15 mil pesos continúan desaparecidos. Este robo en escena del crimen ha motivado la apertura de un expediente en el área de control interno de la Fiscalía para determinar la responsabilidad administrativa o penal de los agentes. Hasta el momento, no se han reportado suspensiones ni detenciones, lo que ha provocado que diversos sectores de la sociedad civil exijan una purga real dentro de las corporaciones de justicia estatales para evitar la impunidad.
Impacto en la credibilidad institucional
El caso de Santa Lucía Ocotlán refleja una crisis de confianza profunda entre la ciudadanía y las autoridades encargadas de procurar justicia. La falta de seriedad en el manejo de un sitio donde ocurrió un homicidio violento sugiere deficiencias graves en los protocolos de actuación pericial. Mientras la familia del trabajador asesinado espera justicia por el crimen de sangre, el foco de la opinión pública se ha desviado hacia el robo en escena del crimen, evidenciando que la corrupción puede infiltrarse incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad social.
Finalmente, la empresa Líneas Unidas ha solicitado garantías de seguridad y la devolución íntegra de los fondos sustraídos, los cuales tenían un fin benéfico. Este evento deja un precedente negativo sobre la integridad de los peritos en Oaxaca, quienes ahora enfrentan el escrutinio público por un incidente que mezcla la tragedia de un asesinato con actos de rapiña menores pero significativos. La resolución de esta investigación interna será clave para determinar si el gobierno estatal está dispuesto a castigar el comportamiento indebido de sus propios elementos de seguridad.
