Madrid, España, 27 de mayo de 2026.- La policía española realizó un registro en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, en el marco de una investigación judicial sobre una presunta trama para desestabilizar procesos legales que afectan al partido gobernante.
El operativo fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien indaga si el exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, financió con recursos del partido a la exmilitante Leire Díez para interferir en investigaciones abiertas contra familiares del presidente Pedro Sánchez.
Según documentos judiciales, la investigación se centra en supuestas maniobras para obstaculizar procedimientos relacionados con el hermano y la esposa del presidente, quienes enfrentan acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias.
Dos días después de que Pedro Sánchez anunciara un periodo de reflexión en abril de 2024, se celebró una reunión en la sede del PSOE que marcó un punto clave en la presunta estructura criminal. En ella, Cerdán habría encargado a Leire Díez acciones para desestabilizar cualquier investigación que pudiera afectar al partido o al gobierno.
El juez también ha imputado a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al expresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, ampliando así el alcance de la pesquisa que ya incluía acusaciones contra Díez por presuntas mordidas.
En los próximos días, están previstas audiencias judiciales relevantes, incluyendo la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente, y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como posible cabeza de una red de tráfico de influencias.
Reacciones y contexto político
Pedro Sánchez reconoció la gravedad de la situación y aseguró la colaboración total del PSOE con la justicia, descartando adelantar las elecciones y reafirmando su compromiso con la estabilidad política y el cumplimiento de la legislatura.
Impacto en la gobernabilidad
Los socios de investidura mantienen su apoyo al gobierno por ahora, condicionando su respaldo a la ausencia de pruebas sobre financiamiento ilegal del partido. Mientras tanto, la oposición y algunos sectores internos demandan un adelanto electoral para resolver la crisis.
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