Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras detectar una red que falsificaba la firma de Raquel Buenrostro para extorsionar a proveedores del Gobierno federal.
La denuncia fue interpuesta el 6 de agosto de 2026 por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad. El expediente quedó registrado con la clave FED/CDMX SZS/0003777/2026 ante el Ministerio Público de la Federación.
El esquema delictivo consistía en enviar oficios apócrifos con papelería oficial y la firma falsa de Buenrostro para simular investigaciones contra empresarios. Estos documentos incluían sellos oficiales y el nombre de Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, para dar apariencia de legitimidad.
Los responsables usaban estos escritos para intimidar a contratistas del sector público, haciéndoles creer que enfrentaban indagatorias por supuestas irregularidades. Posteriormente, exigían pagos a cambio de detener los procedimientos falsos.
La alerta surgió a finales de julio tras una denuncia ciudadana anónima que reportó un oficio falso fechado el 4 de junio de 2026. Raquel Buenrostro negó haber firmado o elaborado dicho documento, lo que llevó a la revisión y presentación formal de la denuncia.
Investigación y seguimiento del caso
El Ministerio Público Federal mantiene abierta la carpeta de investigación para identificar a los responsables materiales y el origen de la filtración de datos confidenciales de las empresas afectadas. Hasta ahora, no se han identificado a los presuntos implicados.
La Secretaría Anticorrupción emitió un llamado a la iniciativa privada para verificar cualquier notificación sospechosa y aclaró que ningún procedimiento administrativo puede suspenderse mediante pagos o transferencias a terceros.
Impacto en proveedores y medidas preventivas
Este fraude afecta directamente a proveedores del Gobierno federal, quienes podrían ser víctimas de extorsión mediante documentos falsos. La dependencia federal enfatizó que estos actos no tienen validez oficial y exhortó a denunciar cualquier intento de coacción similar.
Las autoridades federales continúan con las indagatorias para frenar esta red delictiva y proteger a los contratistas del sector público.
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