Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar un nuevo análisis sobre la denuncia presentada por el partido Somos contra la Secretaría de Bienestar, servidores públicos y el partido Morena, relacionada con el uso de chalecos guinda por parte de los Servidores de la Nación.
Denuncia y fallo del Tribunal Electoral
La queja se centra en el uso reiterado de chalecos, gorras y camisetas de color guinda durante la entrega de programas sociales. Según el partido denunciante, este color genera una asociación visual con la identidad de Morena, lo que podría representar una ventaja indebida de cara a las elecciones federales de 2027, al vincular los apoyos del gobierno con el partido en el poder.
El INE había desechado inicialmente la denuncia argumentando que ningún partido tiene exclusividad sobre un color. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF consideró que la autoridad electoral no realizó un análisis integral de todos los elementos presentados y ordenó que se vuelva a estudiar el caso a fondo, incluyendo la posible similitud en el diseño de las prendas.
Reacciones oficiales y próximos pasos
Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, aclaró que los chalecos oficiales que utilizan los Servidores de la Nación son de color beige, conforme al manual de identidad gráfica del Gobierno de México vigente desde 2018, con algunas modificaciones en 2024. Además, afirmó que acatarán cualquier resolución definitiva que emita el Tribunal Electoral.
Por su parte, el presidente del Senado, Higinio Martínez, calificó de “exagerada” la revisión ordenada por el TEPJF, señalando que el color de una prenda no debe interpretarse automáticamente como promoción partidista ni como una violación a la equidad electoral.
Hasta el momento, el fallo del Tribunal no prohíbe el uso de los chalecos ni establece responsabilidad alguna. Solo obliga al INE a realizar un nuevo análisis completo para determinar si existe o no una afectación a los principios de imparcialidad y neutralidad en la entrega de los programas sociales.
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