CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de la llamada 4T contrataron la mitad de la deuda actual de México, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum se han pedido 11.3 billones de pesos a la banca comercial y otras instituciones financieras, superando a periodos anteriores.
4T adquirió la mitad de la deuda de México
En un periodo de siete años, incluyendo 2027, los gobiernos de la Cuarta Transformación contrataron 11.3 billones de pesos en financiamiento.
Esta cifra supera los 10.8 billones de pesos acumulados como saldo histórico hasta 2018.
El organismo, asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que estos recursos fueron solicitados principalmente a la banca comercial y otras instituciones financieras para sostener el gasto público.
En el análisis advierten que la necesidad de recursos ha aumentado ante fuentes de ingresos limitadas, lo que presiona las finanzas públicas, como se señala en los Pre-Criterios Generales de Política Económica elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Según el CEESP, el endeudamiento continuará en ascenso en los próximos años, impulsado por compromisos de gasto y expectativas de ingresos que no logran compensar plenamente las necesidades del sector público.
Saldo histórico de la deuda pública y PIB en México hacia 2027
Las proyecciones oficiales indican que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público —el indicador más amplio de deuda— alcanzará el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027.
En términos absolutos, esto implicaría una deuda de 21.8 billones de pesos.
El CEESP advirtió que tan solo en 2027 el endeudamiento aumentaría en 1.6 billones de pesos, mientras que en los primeros tres años del actual gobierno el incremento sería de 4.4 billones.
Aunque se plantean acciones para lograr la consolidación fiscal, el panorama refleja limitaciones estructurales para cubrir las necesidades del país, subrayó el organismo.
Asimismo, señaló que el crecimiento esperado de la economía permitiría un aumento de 2.1% en los ingresos tributarios, aunque este efecto se vería contrarrestado por una caída de 23.8% en los ingresos petroleros.
Como resultado, los ingresos totales del sector público registrarían una disminución de 1.4%, lo que refuerza la necesidad de buscar recursos adicionales.
Panorama para 2027
El CEESP destacó que la mejora en la recaudación tributaria prevista para 2027 dependerá principalmente de una mayor actividad económica y del fortalecimiento de la fiscalización.
Sin embargo, advirtió que la capacidad de contribución de empresas y familias se ha debilitado ante la falta de crecimiento sostenido.
Esto implica que el aparato productivo no ha logrado expandirse lo suficiente para generar mayores ingresos fiscales de manera natural.
El organismo señaló que el aumento en las contribuciones fiscales puede limitar la aportación al erario público y generar incertidumbre económica.
Además, el incremento en los costos fiscales y laborales para personas físicas y morales podría restringir la formalidad y la distribución del ingreso.
Este entorno, agregó, podría inhibir la inversión y afectar la competitividad de la economía mexicana en el mediano plazo.
Para 2027, el gobierno federal plantea una reducción de 3.2% en el gasto total como parte de su estrategia de consolidación fiscal, lo que permitiría disminuir el déficit.
No obstante, el CEESP advirtió que este objetivo enfrenta complicaciones, debido a la necesidad de ajustar distintos rubros del gasto sin afectar los programas prioritarios.
Estos programas representan aproximadamente 2.8 billones de pesos, equivalentes a casi el 30% del gasto público total, lo que limita el margen de maniobra presupuestal.
El organismo también señaló que, en administraciones previas, se recurrió a fideicomisos y fondos públicos, además de la eliminación de organismos autónomos, como mecanismos para obtener recursos adicionales.
Finalmente, el CEESP enfatizó la importancia de mejorar la eficiencia en la asignación del gasto público, especialmente en inversión productiva, como vía para fortalecer la competitividad y reducir la necesidad de endeudamiento.
Asimismo, reiteró la necesidad de controlar los niveles de deuda para preservar el equilibrio fiscal de largo plazo, así como para evitar presiones inflacionarias que afecten el poder adquisitivo de la población.
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