Consideran discriminatorios los certificados médicos obligatorios
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (#SCJN) declaró inconstitucionales varias disposiciones del Código Civil de #QuintanaRoo que exigían a las personas presentar certificados médicos detallando su estado de salud para poder contraer matrimonio. Según la Corte, este tipo de requisitos vulneran el derecho a la privacidad, a la igualdad y a la no discriminación, especialmente de personas con discapacidad o con enfermedades estigmatizadas.
La salud no puede ser una condición para casarse
El Pleno resolvió que exigir este tipo de información médica —como si una persona padece enfermedades crónicas, contagiosas o hereditarias— es una intromisión injustificada en la vida privada y puede funcionar como un filtro de exclusión. Además, recordó que el derecho al matrimonio no debe estar condicionado por estándares médicos o morales, y que imponer estas barreras convierte un trámite administrativo en un acto discriminatorio.
La decisión de la Corte también señaló que el Congreso de Quintana Roo omitió consultar previamente a las personas con discapacidad antes de reformar el Código Civil, lo que violó sus derechos a ser tomadas en cuenta en temas que les afectan directamente. Por ello, también se anuló la reforma legislativa por falta de consulta adecuada.
Los artículos invalidados —el 383, incisos b) y c), el 682 fracción II, y el 700 fracción IX, así como algunos párrafos adicionales— habían sido reformados en diciembre de 2023 y establecían que el certificado médico debía detallar los efectos de las enfermedades y medidas preventivas, abriendo la puerta a posibles impedimentos para casarse basados únicamente en diagnósticos de salud.
La Corte subrayó que no hay justificación constitucional suficiente para obligar a una persona a revelar datos sensibles de salud como condición para ejercer un derecho civil como el matrimonio. Esta exigencia, dijo, coloca una carga desproporcionada sobre las personas, especialmente sobre quienes ya enfrentan barreras estructurales.
Con esta resolución, se reafirma que el matrimonio es un derecho para todas las personas, sin importar su estado de salud, y que ninguna ley local puede establecer condiciones que atenten contra la dignidad o privacidad de los ciudadanos.
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