Gobernadores republicanos de seis estados —Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee— movilizaron más de 1 100 elementos de la Guardia Nacional hacia Washington D.C., uniéndose a los 800 ya desplegados en la ciudad. La acción responde a una orden del presidente Donald Trump, quien declaró una “emergencia de seguridad pública” y asumió control temporal del Departamento de Policía Metropolitana.
Según Trump, estas tropas buscan “recuperar el orden” en una ciudad marcada por el crimen y la indigencia —una afirmación rechazada por líderes locales. Las fuerzas federales, incluida la Guardia, se encargan de vigilar monumentos, controlar multitudes, proteger edificios federales y apoyar a la policía local. Algunas unidades podrán portar armas “de acuerdo con su misión y entrenamiento”.
La alcaldesa Muriel Bowser y otros dirigentes demócratas calificaron la militarización como una estrategia “no estadounidense” y cuestionaron su legalidad y necesidad, dado que las tasas de crimen violento han disminuido desde 2023. Una demanda legal cuestionó la toma del mando policial por la Casa Blanca, aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo para que Pamela Smith permanezca al frente del cuerpo.
Hasta la fecha, se reportaron más de 450 arrestos, incautaciones de armas y desmantelamiento de campamentos de personas sin hogar, incluidos inmigrantes indocumentados. Mientras tanto, comerciantes —especialmente en comunidades latinas— han denunciado un desplome en ventas y clima de temor generalizado.
Washington D.C. vive un giro histórico: bajo la dirección de Trump y con apoyo de seis estados republicanos, más de mil reservistas fueron trasladados a la capital, generando una militarización sin precedentes en los últimos años. Aunque el despliegue apunta a reforzar la seguridad, sus justificaciones han sido ampliamente disputadas y han provocado tensiones políticas, críticas legales y un clima de desconfianza en segmentos clave de la población.
