La elección de jueces por voto popular, una práctica que evoca los ideales democráticos de transparencia y rendición de cuentas, está lejos de ser una norma en los sistemas judiciales del mundo. Sin embargo, en América Latina y Estados Unidos, algunos modelos han comenzado a abrir el debate sobre el equilibrio entre democracia directa y la independencia judicial.
México se prepara para un giro histórico
El próximo 1 de junio marcará un antes y un después en la historia judicial mexicana. Por primera vez, los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán elegidos por voto popular. La reforma fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre de 2024. La iniciativa, que había sido presentada formalmente el 5 de febrero de ese mismo año, busca democratizar el Poder Judicial, un órgano tradicionalmente visto como cerrado y alejado de la ciudadanía.
La medida ha generado un intenso debate. Para sus defensores, la elección directa representa una oportunidad para devolver el poder al pueblo y combatir el elitismo judicial. Para sus críticos, abre la puerta a la politización y al clientelismo dentro del aparato judicial. En un país donde el Estado de derecho enfrenta desafíos estructurales —desde la impunidad hasta la corrupción—, el impacto de esta reforma será observado con lupa tanto a nivel nacional como internacional.
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Bolivia: el pionero latinoamericano
Bolivia fue el primer país de América Latina en instaurar elecciones judiciales por voto directo. Desde 2011, los ciudadanos eligen cada seis años a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Esta práctica convierte a Bolivia en el único país de la región donde los máximos jueces son elegidos directamente por la ciudadanía.
Aunque el modelo boliviano ha sido aclamado por su carácter inclusivo, también ha recibido críticas por la baja participación electoral y el alto porcentaje de votos nulos o blancos, señales de desconfianza hacia el sistema. Además, sectores académicos y organizaciones internacionales han advertido sobre la excesiva influencia del Poder Ejecutivo en el proceso de nominación de candidatos, lo que cuestiona la independencia real de los magistrados electos.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de los electores votó nulo o en blanco, como forma de rechazo a unos procesos considerados manipulados por la mayoría legislativa del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Las elecciones judiciales correspondientes a 2023 fueron retrasadas un año debido a problemas en la convocatoria dentro del Legislativo. Finalmente, en diciembre de 2024, Bolivia eligió a 19 de los 26 jueces de los altos tribunales del país porque una decisión del Tribunal Constitucional declaró desierta la convocatoria en algunas regiones, dejando pendiente la votación de 7 cargos para futuros comicios.
Estados Unidos: un sistema híbrido y profundamente político
En Estados Unidos, el panorama es más complejo. A nivel federal, los jueces —incluidos los de la Corte Suprema— son designados por el presidente y confirmados por el Senado. No obstante, a nivel estatal, 39 de los 50 estados permiten la elección de jueces mediante voto popular. Algunos lo hacen a través de elecciones partidistas, como en Texas y Ohio, mientras que otros optan por comicios no partidistas, como en Michigan y Wisconsin.
Este sistema, con raíces en el siglo XIX, busca vincular la justicia con la voluntad popular. Sin embargo, ha sido duramente criticado por convertir las campañas judiciales en batallas ideológicas financiadas por intereses privados. Organizaciones como el Brennan Center for Justice —un instituto de derecho y políticas públicas liberal progresista que depende de la Universidad de Nueva York— han alertado sobre el aumento del gasto electoral en campañas judiciales y el riesgo que esto implica para la imparcialidad del juez.
Casos con participación parcial o indirecta
Otros países latinoamericanos presentan modelos en los que la ciudadanía tiene una participación más acotada o indirecta en la composición del poder judicial. En Argentina, el Consejo de la Magistratura —responsable de la selección y evaluación de jueces— incluye representantes elegidos por abogados, jueces y el ámbito académico en elecciones sectoriales, pero no por sufragio universal.
En Paraguay, el pueblo elige a algunos miembros del Consejo de la Magistratura, como los representantes del gremio de abogados. Este órgano propone ternas de candidatos para el nombramiento judicial, pero la designación final recae en otras instancias del Estado.
Estos modelos buscan introducir mecanismos de representación dentro del sistema judicial sin comprometer del todo la independencia técnica que requiere el ejercicio de la judicatura.
Fuera de América, la elección judicial mediante voto directo es aún más excepcional. En Suiza, algunos cantones permiten que la población elija a sus jueces cantonales. Japón somete a referendo popular la permanencia de los jueces de la Corte Suprema tras su nombramiento. En contraste, países como Sudáfrica, Filipinas y Pakistán utilizan comisiones de nombramiento con participación de diversos sectores, pero sin elecciones populares.
Con información de EFE
