Ante el aumento de redadas migratorias en Estados Unidos, muchos negocios ya no pueden confiar en la permanencia de trabajadores indocumentados. En Tennessee, Salomón Martínez, propietario de Martínez Lawn Care, ha tenido que reforzar su plantilla con empleados temporales con visas H‑2A y H‑2B. Tras décadas de trabajo conjunto en jardinería, muchos de sus colaboradores indocumentados han renunciado por miedo a la persecución. Hasta junio de 2025, EE. UU. había emitido cerca de medio millón de visas temporales, frente a los casi 500,000 otorgados en todo 2024.
Sin embargo, esta solución legal llega acompañada de desafíos. Estudios del Economic Policy Institute advierten que las visas H‑2 se convierten en mecanismos de vulnerabilidad, donde intermediarios lucran y los trabajadores quedan atados a empleadores específicos. Además, los permisos exigen que los empleadores demuestren que no existían trabajadores estadounidenses disponibles, lo que añade trámites, demoras y costos significativos: cada nuevo trabajador temporal representa una inversión considerable, desde costos legales hasta capacitación inicial.
En medio de esta transición, Salomón reconoce que el conocimiento acumulado por su equipo se perdió con la huida de empleados de largo plazo, y que ahora enfrenta una curva de aprendizaje con los temporales. Los nuevos trabajadores tardan en adaptarse, el rendimiento inicial disminuye, y el empresario debe redoblar esfuerzos para mantener la calidad del servicio.
Desde México, Humberto Salinas, líder de una agencia de colocación, alerta sobre la falta de supervisión gubernamental en todo el proceso. El país carece de inspectores y presupuesto para acompañar a sus connacionales. Sin una estrategia consistente, este flujo laboral podría replicar patrones de explotación, con costos demasiado elevados para los trabajadores más vulnerables.
A medida que se endurecen las políticas migratorias en EE. UU., los empresarios latinos enfrentan un dilema cada vez más complejo: mantenerse dentro del marco legal, pero sin perder competitividad. Muchos trabajadores temporales llegan sin experiencia previa en los oficios requeridos, lo que obliga a los empleadores a invertir tiempo y dinero en capacitación, en contraste con los trabajadores indocumentados que solían dominar el oficio tras años de práctica.
Además, la dependencia de este modelo de visas temporales ha generado un nuevo mercado de intermediarios que cobran altas tarifas a los solicitantes en sus países de origen, muchas veces endeudándolos incluso antes de cruzar la frontera. Esto crea un sistema que, aunque legal en apariencia, reproduce formas modernas de explotación laboral, donde el estatus migratorio es usado como herramienta de control.
