14 de Agosto 2025.- En Colombia, ejercer la política se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Aspirantes a cargos públicos, líderes sociales y defensores de derechos humanos viven bajo amenazas constantes, e incluso, son asesinados por grupos criminales. El reciente fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, aspirante a la presidencia, se suma a una lista trágica: en lo que va de 2025, ya son 97 los líderes políticos asesinados, según Indepaz.
Uribe fue atacado el 7 de junio a plena luz del día, en medio de decenas de personas, recibiendo disparos por la espalda que acabaron con su vida. Su muerte refleja un panorama desolador para los jóvenes que, como él, buscan ejercer la política en Colombia. Entre ellos, Julián Moreno, activista político y social, vive bajo una amenaza de muerte desde abril, emitida por una célula criminal.
El testimonio de Julián Moreno
Moreno, economista, exalcalde de Suba y actualmente estudiante de una segunda maestría, recibió de la Fiscalía la advertencia de que un grupo armado planeaba matarlo. La noticia le llegó durante un viaje a Bogotá, mientras estaba fuera del país por motivos académicos. A pesar del miedo, asegura que su vocación por transformar su nación es más fuerte que cualquier intimidación.
El activista subraya que en Colombia hay miles de líderes en zonas rurales con amenazas aún más graves que las que enfrentan en las capitales, sin recursos ni garantías para protegerse. Exige al Estado un esfuerzo real para salvaguardar sus vidas, pues su única arma es la voz que usan para defender la democracia.
El asesinato de Uribe trajo a la memoria de millones de colombianos la violencia política de los años noventa, cuando tres candidatos presidenciales fueron asesinados por el narcotráfico liderado por Pablo Escobar. Julián recuerda que atentar contra un político no es solo un crimen contra una persona, sino contra la democracia misma.
Un patrón que se repite
El caso de Julián y Miguel no es aislado. Colombia enfrenta un resurgimiento de la violencia política que se creía superada tras los acuerdos de paz con las FARC en 2016. Organizaciones como la ONU y Human Rights Watch han documentado que muchos de los asesinatos están ligados a disputas territoriales por economías ilegales, controladas por bandas armadas y narcotraficantes.
Moreno insiste en que el país necesita moderar el discurso político, fomentar liderazgos positivos y promover un mensaje de desarme. También advierte que el camino no es abandonar la política, sino crear una nueva ciudadanía comprometida con la democracia. Para él, la frase de Jaime Garzón —“Jóvenes, si ustedes no se encargan de cambiar su propio país, nadie va a venir a cambiárselo”— sigue vigente y urgente.
La situación de los líderes en Colombia no solo es un problema de seguridad interna, sino un desafío internacional. De acuerdo con Indepaz, entre 2016 y 2024 han sido asesinados más de 1,600 líderes sociales y políticos, con un promedio de uno cada dos días. La falta de aplicación efectiva de medidas de protección y la impunidad de más del 90% en estos casos perpetúan el ciclo de violencia. La experiencia de países como México muestra que sin políticas integrales —que incluyan seguridad, fortalecimiento institucional y desarrollo económico—, la violencia contra líderes no solo continúa, sino que se expande.
