3 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. Un juez de control en los juzgados de Puente Grande ha tomado una decisión importante tras los hechos violentos ocurridos el pasado 22 de febrero en Jalisco. Trece hombres han sido vinculados a proceso penal debido a su presunta participación en la quema de vehículos y la obstrucción de caminos en diversos puntos del estado. Esta resolución marca el inicio de un proceso legal formal contra quienes fueron señalados por generar caos y pánico entre la población civil mediante el uso de la fuerza.
Los imputados, identificados como Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, y otros nueve individuos, enfrentarán cargos graves ante la justicia mexicana. Entre los delitos que se les atribuyen destaca el de asociación delictuosa, debido a la forma organizada en la que presuntamente operaron para realizar estos cortes de circulación. El juez determinó que existen elementos suficientes para mantenerlos bajo custodia mientras se desahogan las pruebas correspondientes en las siguientes etapas del juicio.
Medidas cautelares tras el cierre de avenidas
Como medida de seguridad, el magistrado dictó prisión preventiva oficiosa por un periodo de un año para todos los implicados en estos hechos. Esto significa que los sujetos deberán permanecer en un centro de reclusión mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses. Esta decisión busca evitar que los acusados puedan evadir la acción de la justicia o representar un riesgo adicional para los testigos y la sociedad que resultó afectada por los embotellamientos provocados.
De acuerdo con los reportes de las autoridades federales, las detenciones se realizaron en flagrancia, es decir, en el momento justo en que cometían los actos ilícitos. Se informó que los sujetos fueron sorprendidos quemando autos particulares y utilizando armas de fuego contra los policías que acudieron a los reportes de emergencia. Estos enfrentamientos directos con las corporaciones de seguridad complicaron la situación legal de los detenidos, quienes ahora deben responder por los daños materiales y las agresiones directas.
Avances en la investigación por obstrucción de caminos
El agente del Ministerio Público continúa trabajando de manera intensa para recolectar más datos de prueba que fortalezcan la acusación en contra de estos trece individuos. Se están revisando cámaras de seguridad y testimonios para determinar si existen más personas involucradas en la planeación de estos actos de violencia. El objetivo principal es desarticular por completo las células responsables de estas acciones que vulneran la tranquilidad de las familias jaliscienses y afectan el libre tránsito por el estado.
