El principal agresor del periodista Jorge Heras ha sido vinculado a proceso penal por un juez de control en Baja California, en un caso que resalta la gravedad de los ataques contra la libertad de prensa. Manuel Alejandro S., apodado «El Cholo», enfrenta cargos por lesiones calificadas, amenazas y pandillerismo. El juez Bernardino Ahumada, al frente del caso, dictó prisión preventiva como medida cautelar, enfatizando la seriedad de los delitos, especialmente al haber sido cometidos en contra de un comunicador en el ejercicio de su profesión.
En una audiencia inicial que se extendió por nueve horas, el juez acreditó que el ataque no fue un incidente aislado, sino un acto de censura. El magistrado señaló que la agresión, ocurrida en el centro de trabajo del periodista minutos antes de que entrara al aire, se configura como un agravante, ya que interrumpió la transmisión del noticiero Ciudad Capital. Este hecho subraya cómo los ataques a periodistas van más allá del daño físico, buscando silenciar voces y limitar el derecho a la información de la sociedad.
Confirman móvil de la agresión contra el periodista
El juez de control solicitó revisar la resolución de un caso anterior de Manuel Alejandro, quien en enero de este año había obtenido el beneficio de libertad anticipada tras cumplir una condena de 18 años por homicidio calificado y robo de vehículo. Este detalle pone de manifiesto una posible falta en el seguimiento de la libertad condicional de personas con antecedentes graves. La vinculación a este nuevo proceso, apenas meses después de su liberación, cuestiona la eficacia de los sistemas de reinserción social.
Por otro lado, a los otros dos implicados en la agresión, Hernán G. y el policía municipal Hugo Alfredo O., también se les ha dictado prisión preventiva, y su audiencia de vinculación a proceso está programada para este miércoles. La participación de un agente de seguridad pública en el ataque añade una capa de preocupación, sugiriendo una posible colusión entre individuos con antecedentes penales y elementos de las fuerzas del orden.
El caso tomó un giro interesante cuando se reveló que Manuel Alejandro admitió su participación en la agresión. El agresor le confesó a su concuño que “Valió verga, me reconocieron, yo hice todo el jale y el otro no hizo nada”, luego de que este le advirtiera que el video del ataque se había vuelto viral en redes sociales. Esta declaración, sumada al hallazgo de un bolso deportivo con la ropa que usó durante el ataque, se convirtió en una pieza clave para la investigación y la vinculación a proceso, mostrando el poder de las pruebas digitales y la viralización en la lucha contra la impunidad.
Este caso no solo es un ejemplo de la justicia actuando, sino que también sirve para destacar el creciente número de agresiones contra la prensa en México, país que se ha mantenido durante varios años entre los más peligrosos para ejercer el periodismo. Según un informe de la organización Artículo 19, en 2023 se registraron al menos 561 agresiones contra la prensa en el país, lo que equivale a un ataque cada 15 horas. Estos datos confirman que los ataques como el sufrido por Jorge Heras no son aislados, sino parte de una problemática estructural que limita la libertad de expresión. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la impunidad y la protección de los comunicadores en el país.
