Un grupo de personas afectadas por el reciente incidente ferroviario en el Istmo de Tehuantepec acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una querella. El objetivo de esta acción legal es que se investiguen las causas de fondo que provocaron el percance y se castigue a quienes resulten responsables por las omisiones en el mantenimiento. Esta denuncia por el descarrilamiento busca que las autoridades federales actúen con transparencia y den una respuesta clara a los ciudadanos que pusieron en riesgo su integridad física.
El abogado Adrián Arellano, quien encabeza la defensa legal del grupo, señaló que existen pruebas contundentes que apuntan a una negligencia sistemática en la obra. Durante la presentación del documento, se hizo hincapié en que este reporte del accidente ferroviario no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una serie de fallas técnicas que ya habían sido detectadas previamente. Los demandantes exigen que la Fiscalía realice un peritaje independiente para determinar si el material utilizado en las vías cumplía con las normas de seguridad internacionales.
Irregularidades detectadas por la Auditoría Superior
Un punto clave en el proceso legal es la mención de los informes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según el abogado Arellano, desde el año 2019 este organismo fiscalizador ya había advertido sobre deficiencias graves en la planeación y ejecución del proyecto. La investigación del percance en el tren retoma estos datos para demostrar que existía una «mala supervisión, construcción y rehabilitación» en diversos tramos, lo que eventualmente facilitó que ocurriera el siniestro que hoy se denuncia.
A pesar de las advertencias oficiales de la ASF, los trabajos continuaron sin que se realizaran las correcciones necesarias para garantizar un transporte seguro. Los afectados mencionan que la querella por el incidente de las vías debe considerar que hubo una omisión por parte de los funcionarios encargados de supervisar a las empresas constructoras. Esta falta de seguimiento técnico es, a decir de la defensa, el factor principal que desencadenó el descarrilamiento, poniendo en duda la calidad de la infraestructura del Corredor Interoceánico.
Exigencia de justicia y reparación del daño
Las víctimas del suceso manifestaron que su principal interés es evitar que una tragedia mayor ocurra en el futuro debido a la falta de mantenimiento. Al formalizar esta acusación por el fallo del tren, los ciudadanos buscan que el Gobierno Federal reconozca las fallas estructurales y proceda a una reparación integral de la infraestructura. No se trata solo de un reclamo económico, sino de una exigencia de seguridad para todas las comunidades que diariamente conviven con el paso de la maquinaria pesada y los vagones de carga.
Finalmente, se espera que en las próximas semanas la FGR cite a declarar a los responsables directos de la supervisión de la obra para deslindar responsabilidades penales. Este proceso legal por el descarrilamiento marca un precedente importante en la fiscalización de las obras públicas estratégicas de la actual administración. El abogado Arellano concluyó que no descansarán hasta que se garantice que el Tren Interoceánico sea un transporte digno y, sobre todo, seguro para todos los usuarios y trabajadores que dependen de este sistema.
