El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados ha formalizado una serie de denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR). Los legisladores acusan la existencia de graves irregularidades financieras y administrativas en la construcción y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Según los denunciantes, el manejo del presupuesto para esta obra emblemática de la administración federal carece de la transparencia necesaria, lo que habría derivado en un posible daño al erario.
Las denuncias se presentan tras el trágico accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025, cuando el descarrilamiento de un tren de este sistema provocó la muerte de 14 personas. Los diputados panistas señalan que estas fatalidades no fueron solo un accidente, sino la consecuencia directa de una gestión de fondos públicos deficiente y el uso de materiales de baja calidad. Entre los señalados se encuentran altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), tanto actuales como de la administración anterior, así como personajes cercanos al círculo familiar del expresidente.
Señalamientos directos contra funcionarios y particulares
Dentro del documento entregado a las autoridades, destaca la mención de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, a quien se vincula con la supervisión honorífica de la obra sin tener un cargo oficial claro, lo que a juicio de la oposición facilitó el tráfico de influencias. También se incluye al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y al actual titular de la dependencia, Raymundo Pedro Morales Ángeles. El PAN sostiene que el uso de dinero gubernamental para la compra de balasto y rieles debe ser investigado a fondo, pues existen reportes de que se pagó por materiales que nunca fueron instalados correctamente.
Los legisladores federales insisten en que la FGR no debe permitir que este caso quede impune bajo el argumento de un error humano por parte de los operadores del tren. Argumentan que el manejo de capital federal destinado al mantenimiento de las vías fue recortado o desviado, dejando la infraestructura en condiciones de riesgo para los usuarios. Por ello, exigen auditorías forenses que rastreen cada peso invertido en el proyecto ferroviario desde su planeación hasta la fecha actual, buscando deslindar responsabilidades penales y administrativas de forma inmediata.
