La votación de la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados se llevó a cabo en un ambiente de intensa controversia y tensión, marcado por la desaprobación pública de grupos de campesinos y activistas. Mientras la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento sesionaba, los gritos de «¡Traidores, traidores!» resonaban en los pasillos, reflejando el profundo desacuerdo que esta legislación ha generado en diversos sectores de la sociedad. A pesar de las protestas, los legisladores avanzaron en el proceso, evidenciando una división clara entre quienes impulsan la Ley de Aguas y quienes la consideran perjudicial para el acceso y gestión del vital líquido.
La rapidez con la que se llevó a cabo la votación en comisiones fue uno de los puntos más criticados por la oposición y los manifestantes. Muchos señalaron que el proceso fue apresurado, dando la impresión de que los diputados estaban votando sin un conocimiento profundo del dictamen final de la Ley de Aguas que tenían enfrente. Las críticas se centraron en la falta de debate sustancial y en la aparente obediencia a líneas partidistas, lo que levantó dudas sobre la legitimidad del procedimiento. Este clima de premura intensificó el sentimiento de que se estaba ignorando la voz de quienes serían directamente afectados por la nueva Ley de Aguas.
Aprobación Rápida y Disciplina de Voto en la Ley de Aguas
Finalmente, la Ley de Aguas fue aprobada en la Comisión con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. La contundencia de los votos a favor, en medio de la controversia, sugiere una férrea disciplina partidista entre los diputados que apoyaron la medida. Los críticos acusaron que los legisladores «votan lo que les dicen y como les dicen», señalando que la votación se llevó a cabo de manera casi automática, sin espacio para la deliberación individual. Este resultado subraya el control que la mayoría tiene en el proceso legislativo, a pesar de las fuertes críticas externas sobre el contenido y el proceso de la Ley de Aguas.
Un momento que evidenció el desorden en el procedimiento fue el casi olvido del voto de la diputada Patricia Armendáriz. Este pequeño incidente, aunque anecdótico, se sumó a la percepción de que la votación no se estaba llevando a cabo con la seriedad y el rigor necesarios para una legislación tan importante como la Ley de Aguas. La prisa por concretar el resultado eclipsó la necesidad de un proceso transparente y metódico, reforzando la narrativa de que el objetivo era aprobar la Ley de Aguas a toda costa, minimizando el impacto de las voces disidentes en la Comisión.
