La jueza Mónica Pérez Chapa ha sido destituida de su cargo tras imponer una sanción económica de 1.4 millones de pesos a una abogada. La decisión de la jueza de aplicar una multa desproporcionada ocurrió durante una audiencia, luego de que la litigante señalara públicamente los errores cometidos por la propia jueza en el desarrollo del proceso. Este caso ha desatado una intensa polémica dentro del sistema de justicia penal, poniendo en entredicho los límites de la autoridad judicial y la libertad de expresión de los abogados en el ejercicio de su defensa.
La Multa Desproporcionada y el Sistema Garantista
La destitución de la jueza se presenta como una medida de corrección ante lo que las autoridades judiciales han calificado como «excesos» que son inadmisibles en un sistema penal que se precia de ser garantista. El principio garantista busca asegurar que todos los actores del proceso judicial, incluyendo a los abogados defensores, cuenten con las condiciones de respeto y legalidad para ejercer sus funciones. Una multa desproporcionada de 1.4 millones de pesos a una abogada que simplemente estaba cumpliendo con su deber de señalar fallas en la audiencia es un acto que contradice directamente los fundamentos de este sistema.
El monto de la sanción impuesta por Mónica Pérez Chapa fue lo que encendió las alarmas y llevó a la revisión de su actuación. La aplicación de una multa desproporcionada de esa magnitud no solo afectaba el bolsillo de la abogada, sino que también enviaba un mensaje intimidatorio a toda la comunidad de litigantes, disuadiéndolos de ejercer la crítica necesaria y el control sobre la legalidad de las decisiones judiciales. Por ello, la remoción de la jueza busca restablecer la confianza en que el sistema de justicia no tolerará abusos de autoridad.
La decisión de destitución de la jueza se interpreta como un intento de sanear el Poder Judicial y corregir prácticas que atentan contra la transparencia y la equidad procesal. El objetivo de remover a Mónica Pérez Chapa es enviar un mensaje claro: la autoridad judicial tiene límites y no puede ser utilizada para silenciar a quienes señalan errores legítimos. La multa desproporcionada se convierte en el símbolo de un exceso que debe ser erradicado para que el sistema garantista funcione correctamente.
Consecuencias y Precedente Judicial
Este caso sienta un precedente significativo sobre la rendición de cuentas de los jueces en México. La destitución de la jueza Mónica Pérez Chapa demuestra que las decisiones fuera de la ley o las sanciones arbitrarias tienen consecuencias. Los abogados tienen la obligación ética y profesional de señalar los errores y la violación de procedimientos, y la respuesta del sistema judicial debe ser la corrección, no la intimidación con una multa desproporcionada que busca limitar la defensa legal.
