La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció recientemente sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por personas afectadas durante la construcción del Tren Interoceánico. La mandataria cuestionó el origen de estas acciones legales y sugirió investigar quiénes están detrás de dichas demandas. Para la jefa del Ejecutivo, las personas afectadas por el proyecto no necesitan contratar servicios legales externos, ya que el Gobierno Federal cuenta con mecanismos directos para atender sus demandas y necesidades de manera oficial.
Durante su conferencia matutina, la presidenta subrayó que es fundamental conocer la identidad de quienes están interponiendo estas quejas. Según su visión, en ocasiones existen intereses ajenos que buscan lucrar con las necesidades de la gente. Por ello, hizo un llamado a que cualquier ciudadano damnificado por la obra se acerque directamente a las instituciones del Estado. La intención es evitar que terceros se aprovechen de la situación y que el proceso de justicia sea lo más transparente y directo posible para los involucrados.
Canales oficiales para la atención ciudadana
En lugar de buscar asesoría jurídica privada, Sheinbaum recomendó formalmente que los interesados recurran a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Esta institución es la encargada de brindar apoyo integral a cada sujeto vulnerado por la infraestructura, garantizando que reciban orientación psicológica, legal y social de forma gratuita. La presidenta insistió en que el uso de esta vía institucional asegura que los recursos y las soluciones lleguen realmente a quienes los necesitan, sin que se pierdan en trámites innecesarios.
El llamado busca agilizar la resolución de los conflictos que han surgido en el Istmo de Tehuantepec debido a los trabajos del Corredor Interoceánico. Al concentrar la atención en la CEAV, se pretende crear un padrón confiable de cada habitante impactado por el tren, permitiendo que el gobierno responda de forma personalizada a cada caso. Esta estrategia busca desarticular posibles redes de abogados que, según la postura oficial, podrían estar obstaculizando el avance de una de las obras más importantes de la administración actual.
El compromiso del Gobierno Federal con el Istmo
La mandataria reiteró que su administración tiene un compromiso social profundo con las comunidades de la región sur del país. Aseguró que no se busca ignorar los problemas, sino resolverlos mediante el diálogo y la justicia social, tratando a cada afectado por el corredor ferroviario con dignidad. La vigilancia de estas denuncias ante la FGR seguirá de cerca para determinar si hay irregularidades en los procesos o si se trata de demandas legítimas que deben atenderse de inmediato por las vías correspondientes.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum pidió a la población del Istmo mantener la confianza en las autoridades encargadas del proyecto. La defensa de los derechos de los ciudadanos debe ser, en sus palabras, una prioridad que no requiere de despachos jurídicos costosos. Al fortalecer el contacto directo con la población perjudicada por la obra, el gobierno espera concluir los trabajos del Tren Interoceánico minimizando el descontento social y asegurando que los beneficios económicos del proyecto lleguen a todas las familias de la zona.
