La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció de manera firme respecto al presunto intento de chantaje por parte de la empresa TV Azteca contra el gobierno del estado de Puebla. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que algunos sectores de la prensa intentan presionar a las administraciones estatales para obtener convenios de publicidad o beneficios económicos. Según explicó, estas acciones consisten en lanzar campañas de desprestigio que solo se detienen si el gobierno en turno cede a entregar dinero del erario, una práctica que calificó de inaceptable.
Sheinbaum Pardo recordó ante los medios de comunicación que esta forma de presión informativa era una costumbre muy arraigada en las administraciones del pasado. En aquellos tiempos, se establecían relaciones de complicidad donde el silencio o el aplauso de los medios tenían un precio establecido. Sin embargo, enfatizó que en la etapa actual de la vida pública del país, ya no se debe permitir que el presupuesto del pueblo se utilice para callar críticas o para comprar voluntades de empresas de comunicación.
La ética periodística frente al golpeteo político
La jefa del Ejecutivo Federal subrayó que es fundamental privilegiar el derecho a la información veraz por encima de cualquier interés económico o de chantaje de medios. Aseguró que la libertad de expresión es un derecho sagrado, pero que no debe confundirse con el uso de los micrófonos para atacar de forma dirigida con el fin de obtener contratos. Para la presidenta, el periodismo debe ser un servicio a la sociedad y no una herramienta de negociación política para enriquecer a los dueños de las grandes televisoras.
Asimismo, hizo un llamado a que prevalezca la ética y que los ataques mediáticos dejen de ser utilizados como una «moneda de cambio» en la relación entre el poder y la prensa. Claudia Sheinbaum insistió en que su gobierno y los gobiernos estatales afines a la transformación tienen la instrucción de no ceder ante este tipo de manipulación de prensa. La transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la comunicación social es clave para evitar que se repitan los vicios de corrupción que marcaron décadas anteriores en el país.
