12 FEBRERO 2026-NACIONALES- Lisi Celis González, madre que denuncia violencia vicaria, alcanzó 19 días en huelga de hambre frente a Casa Jalisco para exigir la restitución de su hijo menor, Patricio, de 14 años. La mujer señala una serie de irregularidades dentro del sistema judicial que, afirma, han impedido que se cumplan resoluciones legales a su favor. Su protesta se mantiene con el objetivo de visibilizar los casos de violencia vicaria y presionar a las autoridades estatales para que intervengan.
De acuerdo con su testimonio, el padre de sus hijos ha incumplido decenas de órdenes judiciales relacionadas con la custodia y convivencia del menor. También denuncia que el sistema institucional ha favorecido al presunto agresor, pese a las pruebas presentadas sobre condiciones de riesgo para los hijos. Esta situación, asegura, refleja obstáculos frecuentes en procesos vinculados a la violencia vicaria en México.
El conflicto inició en 2019, cuando sus hijos fueron sustraídos por su padre, lo que derivó en cientos de procesos legales en tribunales estatales y federales. Desde entonces, la madre ha enfrentado nuevas denuncias en su contra que considera infundadas y que, afirma, han complicado aún más la búsqueda de justicia. Para organizaciones civiles, este tipo de litigios prolongados es común en situaciones relacionadas con la violencia vicaria contra mujeres.
Celis González permanece en una casa de campaña con servicios limitados, aun cuando obtuvo un amparo para contar con condiciones mínimas durante su protesta. También denunció restricciones de acceso a instituciones públicas y presiones externas que, asegura, buscan debilitar su manifestación. Pese a los riesgos para su salud, sostiene que continuará hasta que se cumplan las resoluciones judiciales vinculadas al caso de violencia vicaria.
En México, el reconocimiento legal de la violencia vicaria ha avanzado de forma desigual entre las entidades. Algunos estados ya contemplan sanciones específicas cuando uno de los progenitores utiliza a los hijos para dañar al otro, mientras que en otras regiones la falta de tipificación penal limita la actuación de las autoridades.
