Ciudad de México, 24 de octubre de 2025 – Un informe reciente ha puesto en evidencia una preocupante falta de claridad en el manejo de los recursos destinados a la atención y reconstrucción tras los sismos que afectaron al país en años anteriores. De un total de 168 mil millones de pesos que fueron asignados para hacer frente a la emergencia y la rehabilitación de las zonas afectadas, las autoridades solo lograron acreditar el gasto de aproximadamente el 35% del monto total. Esta situación plantea serias dudas sobre el destino de la mayor parte de los fondos, un dinero que era crucial para miles de familias damnificadas.
La cifra que no pudo ser justificada asciende a más de 100 mil millones de pesos, una cantidad enorme de dinero público que, según señalamientos, podría haber sido desviada o «robada». Esta información surge en el contexto del debate sobre la extinción del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), una herramienta que, de acuerdo con la información disponible, no garantizó la correcta aplicación de los recursos. La opacidad en el manejo de este dinero generó un enorme descontento social y ahora es objeto de un intenso escrutinio.
La Opacidad de la Gestión Anterior y el FONDEN
La falta de justificación en el gasto de 100 mil millones de pesos ha sido vinculada directamente a la forma en que se manejaron los recursos bajo administraciones pasadas, a las que se hace referencia bajo el acrónimo «Prian». Según las fuentes de información, esta carencia de transparencia en la rendición de cuentas es precisamente lo que las administraciones anteriores «extrañan» del esquema del FONDEN. El sistema permitía la salida rápida de dinero sin los suficientes candados de fiscalización, lo que facilitaba los presuntos desvíos en el manejo de los fondos para los sismos.
El esquema del FONDEN, aunque ideado para agilizar la entrega de ayuda en desastres, se convirtió en un mecanismo criticado por su falta de rigor y la discrecionalidad en la asignación de contratos y recursos, lo que abrió la puerta a la corrupción. La incapacidad de acreditar el gasto completo para la atención de los sismos es el argumento principal esgrimido por el actual gobierno para justificar la extinción del fideicomiso y la adopción de un modelo de manejo de recursos más directo y fiscalizable.
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