La violencia política ha escalado dramáticamente en el municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, tras registrarse un severo ataque armado dirigido contra las viviendas de dos funcionarias del ayuntamiento: la síndica y varias regidoras. El ataque, perpetrado por un comando de sicarios a bordo de motocicletas, generó pánico entre los habitantes y dejó evidencia clara de la amenaza que enfrentan los servidores públicos locales. Este tipo de ataques directos contra representantes populares subraya la fragilidad de la seguridad en la región y la audacia con la que operan los grupos criminales para sembrar el terror.
La Ejecución del Ataque y la Intimidación Política
Los hechos se desarrollaron con la velocidad y la brutalidad típicas del crimen organizado: los agresores, a bordo de vehículos ligeros para facilitar la huida, rodearon las casas y abrieron fuego sin miramientos. El ataque de ráfagas contra las fachadas de las viviendas es un mensaje ineludible de intimidación con tintes políticos, buscando desestabilizar la administración municipal. La acción de los sicarios, descrita como un ataque directo, busca no solo amedrentar a las funcionarias, sino también enviar una advertencia a cualquier figura pública que intente oponerse a la agenda de los grupos delictivos que operan en la zona.
Las víctimas de este ataque son la síndica municipal y varias regidoras de Xoxocotla, cargos electos que representan a la ciudadanía. Aunque afortunadamente no se reportaron víctimas humanas en el ataque directo a sus hogares, el daño psicológico y la interrupción de la paz son incalculables. Estos ataques contra ediles locales son particularmente graves porque paralizan la gestión pública, afectando los servicios básicos y la representación de los ciudadanos, especialmente en un municipio con características de usos y costumbres.
Tras el ataque, se activaron de inmediato los códigos de emergencia y se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en la zona, el cual llegó tarde para interceptar a los responsables. Las autoridades de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil, aunque todo apunta a una represalia por decisiones políticas o la negativa a ceder a la extorsión o a la presión criminal. La respuesta tardía y la falta de detenciones inmediatas tras este ataque han sido criticadas por los pobladores, quienes exigen acciones concretas y no solo operativos reactivos.
