La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó las publicaciones del periódico Reforma sobre la figura de expropiación, calificándolas de “propaganda”. Sin embargo, la mandataria reafirmó que el Estado mexicano sí tiene la facultad para ocupar temporalmente plantas privadas en situaciones de “emergencia”. Este pronunciamiento se da en el contexto de una creciente preocupación por el control que el gobierno central ejerce sobre sectores estratégicos, aunque la figura legal de la ocupación o expropiación por causa de utilidad pública no es nueva en la legislación del país.
La Figura de Ocupación por Emergencia
Sheinbaum explicó que la figura legal que permite al Estado tomar el control temporal de instalaciones privadas ya existía en la ley. Sin embargo, en el contexto actual, se ha generado un debate sobre cómo el gobierno está interpretando y aplicando esta facultad. La ocupación en casos de emergencia está diseñada para garantizar servicios esenciales o salvaguardar el interés público ante crisis, pero la oposición teme que el término «emergencia» se esté utilizando de manera discrecional para justificar intervenciones que van más allá de lo necesario.
La Jefa del Ejecutivo Federal defendió la postura del Estado, argumentando que su principal responsabilidad es garantizar el bienestar y la seguridad de la nación. Esto incluye, en su visión, asegurar la continuidad de servicios críticos como el energético o las comunicaciones, incluso si ello implica la ocupación temporal de infraestructura o plantas pertenecientes a particulares. Este enfoque refuerza la visión de un Estado con un rol preponderante en la economía, especialmente en sectores que considera estratégicos o prioritarios para el desarrollo nacional.
La crítica central de la prensa y la oposición se basa en que las recientes reformas y acciones del gobierno concentran el control de manera «aún más» marcada en el ejecutivo federal. Esto genera desconfianza en la inversión privada, pues la ampliación del control del Estado sobre activos particulares, incluso bajo la justificación de una emergencia, introduce un factor de incertidumbre en el mercado que es mal visto por los inversionistas.
A pesar de las acusaciones de “propaganda” hacia el periódico, la Presidenta admitió la existencia y el uso potencial de esta herramienta legal. Su defensa se centra en la constitucionalidad de la figura y en la necesidad de proteger el interés nacional. No obstante, al admitir que el Estado puede ocupar plantas, el gobierno valida parcialmente la preocupación de que se están utilizando mecanismos para limitar la operación de la iniciativa privada en áreas clave.
