El Congreso de la Unión discute actualmente una reforma constitucional en materia de extorsión, considerada por expertos y legisladores como un paso necesario para fortalecer el marco legal contra este delito que afecta a miles de mexicanos. La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas destacó que, aunque existe consenso sobre la importancia de la reforma, esta por sí sola no basta para resolver los problemas de inseguridad que atraviesa el país.
Bancada naranja respalda la iniciativa
Ruiz Massieu Salinas señaló que la bancada naranja votará a favor del dictamen, al considerarlo un paso hacia un orden normativo más integral que permita enfrentar de manera más efectiva la extorsión. La diputada enfatizó que se requiere un enfoque más amplio que combine prevención, sanción y mecanismos de protección a víctimas, para que la reforma tenga un impacto real.
Aunque la reforma genera consenso político, especialistas advierten que es necesario complementar las modificaciones constitucionales con reformas secundarias en materia penal y administrativa. Esto permitiría que las autoridades cuenten con herramientas más precisas para investigar y sancionar los casos de extorsión, así como para proteger a quienes son víctimas de este delito.
Extorsión: un reto creciente
La extorsión se ha convertido en un problema creciente en varias entidades del país, afectando tanto a ciudadanos como a negocios. Se estima que un número importante de delitos no se denuncian, lo que dificulta la medición exacta del fenómeno y la implementación de políticas públicas eficaces. La reforma busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar de manera preventiva y punitiva, elevando la eficacia de la justicia.
Entre los puntos más relevantes de la iniciativa se encuentra la tipificación más clara de la extorsión y el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración entre la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales. Esto permitirá un seguimiento más eficiente de las investigaciones y reducirá los vacíos legales que antes eran aprovechados por los delincuentes.
Experiencias internacionales
Expertos en seguridad pública sugieren que México podría tomar ejemplo de experiencias internacionales, donde se han implementado protocolos integrales contra la extorsión, combinando tecnología, participación ciudadana y programas de protección a víctimas. Países como Colombia y Perú han logrado reducir significativamente este tipo de delitos mediante la coordinación interinstitucional y la modernización de los sistemas de denuncia. Incorporar lecciones de estos casos podría fortalecer aún más la reforma mexicana.
Con la votación próxima en el Congreso, se espera que la reforma constitucional marque un antes y un después en la lucha contra la extorsión, aunque los especialistas insisten en que su efectividad dependerá de la implementación y el seguimiento constante por parte de las autoridades. El desafío ahora será garantizar que las medidas no se queden solo en el papel y que realmente impacten en la seguridad de los ciudadanos.
