
25 NOVIEMBRE 2025- CANCUN, BENITO JUAREZ- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que cinco mujeres fueron ubicadas y resguardadas tras el cumplimiento de dos órdenes de cateo en Benito Juárez, como parte de un operativo conjunto con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para combatir la trata de personas, particularmente en su modalidad de prostitución ajena, un delito que continúa representando un desafío en diversas zonas del estado. Las autoridades señalaron que la localización de las víctimas se dio gracias a labores de investigación previas y reportes ciudadanos que alertaron sobre actividades irregulares.
El primer cateo ocurrió en un bar clandestino ubicado sobre la avenida José López Portillo, en la colonia Tres Reyes, donde los agentes hallaron a cinco mujeres de nacionalidad mexicana. De acuerdo con la FGE, las víctimas eran obligadas a fichar con clientes por 50 pesos por vaso, mientras que los servicios sexuales eran ofrecidos por montos que iban de 500 a 2 mil 500 pesos.

Hallazgos clave profundizan investigación por trata
En un segundo cateo, realizado en un bar ubicado en la calle 3 Oriente de la Supermanzana 64, la autoridad encontró un sistema similar de “fichas”, aunque en este caso el costo por consumo era de 100 pesos. Las primeras indagatorias sugieren que mujeres jóvenes operaban bajo este esquema para beneficiar al negocio, el cual obtenía el 50% de las ganancias.
Además del hallazgo de las víctimas, los agentes aseguraron sustancias con características de narcóticos, preservativos, bitácoras con registros detallados de las mujeres y seis DVR con posibles evidencias. También fueron localizados cuartos privados que funcionaban para la realización de los actos de explotación.
Tras finalizar las diligencias, los dos inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de la autoridad correspondiente. Los sellos colocados impedirán que los establecimientos vuelvan a operar mientras se desarrolla la investigación. La FGE señaló que los responsables serán llamados a rendir cuentas conforme avancen las indagatorias y se determinarán posibles vínculos con redes delictivas más amplias.
Por su situación de vulnerabilidad, las cinco mujeres fueron canalizadas a instancias especializadas para recibir atención integral, apoyo psicológico, protección y seguimiento jurídico. La Fiscalía subrayó que su prioridad es garantizar el acceso a sus derechos y evitar que regresen a entornos donde pudieran enfrentar nuevamente condiciones de explotación. Programas de apoyo social, refugios y acompañamiento institucional forman parte del proceso que seguirán.







