La bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados rechazaron discutir una propuesta presentada por la legisladora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, que buscaba redirigir los ingresos obtenidos del cobro de acceso a zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún. La modificación formaba parte de la discusión en lo particular de la reforma a la Ley Federal de Derechos.
La iniciativa pretendía que esos recursos se destinaran a la conservación, protección y manejo sustentable de la Selva Maya, así como a la Reserva de la Biosfera de Calakmul y otras regiones impactadas por las obras del Tren Maya. Según Mercado, la intención era garantizar la preservación del patrimonio natural y cultural del sureste mexicano, donde el desarrollo turístico ha generado presiones ambientales cada vez más visibles.
La diputada explicó que la propuesta no implicaba nuevos impuestos ni afectaciones presupuestales, sino simplemente redirigir los ingresos existentes hacia proyectos de restauración ecológica y manejo responsable de los sitios arqueológicos. Sin embargo, la mayoría morenista consideró que la modificación no era procedente dentro de la actual discusión de la Ley Federal de Derechos, cerrando la puerta a su debate.
Las zonas afectadas señaladas por la legisladora incluyen áreas de gran valor ecológico y cultural como Calakmul, la Selva Maya, Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, y la región de Bacalar, donde la construcción del Tren Maya ha provocado deforestación, fragmentación del hábitat y presiones turísticas sobre ecosistemas frágiles. Ambientalistas y comunidades locales han advertido que, sin un plan de manejo adecuado, los daños podrían ser irreversibles en los próximos años.
Diversas organizaciones ambientales han coincidido en que las obras del Tren Maya han modificado ecosistemas sensibles y afectado corredores biológicos de especies en peligro de extinción. En ese contexto, la propuesta de Mercado buscaba equilibrar el desarrollo turístico con la conservación del entorno, asegurando que una parte del dinero recaudado en sitios históricos regresara a la propia región.
A pesar del rechazo, expertos en gestión ambiental han señalado que el Congreso aún podría retomar el tema en el presupuesto de egresos del próximo año. Incluso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha reconocido que los flujos turísticos derivados del Tren Maya representan un reto logístico y ecológico, sobre todo en zonas que no cuentan con infraestructura adecuada para recibir a miles de visitantes diarios.
