El legislador Ricardo Monreal Ávila se presentó ante los medios en la Cámara de Diputados para detallar la Reserva que introdujo al dictamen que busca expedir la Ley General en materia de extorsión, un instrumento jurídico de alta relevancia para combatir este delito en aumento. El objetivo de la Reserva, según Monreal, es dotar al Estado de un marco legal más sólido y, al mismo tiempo, más justo desde una perspectiva penal. Sus modificaciones buscan un equilibrio que garantice la paz y tranquilidad a la ciudadanía, pero sin caer en lo que el mismo legislador ha llamado «populismo punitivo».
El centro de la controversia y, por ende, de la Reserva presentada, recayó en el ajuste al rango de sanción para los servidores públicos que, teniendo conocimiento del delito de extorsión, se abstengan de denunciarlo. Originalmente, la propuesta contemplaba penas de hasta 20 años de prisión para estos funcionarios. Sin embargo, la Reserva del legislador de Morena propuso una reducción en el rango de castigo, lo que inmediatamente generó un debate intenso en el Pleno y levantó críticas desde la oposición.
La Reserva y el Principio de Proporcionalidad Penal
Monreal justificó la Reserva argumentando un principio fundamental del derecho penal: la proporcionalidad entre el delito y la sanción. Señaló que la pena impuesta a un servidor público que omite denunciar no puede ser superior a la que se le aplica al extorsionador principal. «No es una indulgencia para el servidor público, sino es un ejercicio de racionalidad punitiva», explicó a los medios. El legislador se autodefinió como «garantista», formado en la Escuela Clásica de Derecho Penal, lo cual guía su enfoque hacia la protección de los derechos fundamentales en el proceso penal y la evitación de penas desmedidas o draconianas.
En términos concretos, la Reserva Monreal propuso que la sanción para los funcionarios que omitan denunciar se redujera, buscando evitar lo que consideró una desproporción punitiva. Este cambio, que finalmente fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, busca mantener la coherencia jurídica del dictamen. Las modificaciones, que también tocaron otros artículos de la Ley General, tienen el propósito de fortalecer la certeza jurídica y la definición de competencia federal para evitar discrecionalidad judicial en el manejo de los casos de Extorsión.
