
La senadora Lilly Téllez, una de las voces más críticas de la oposición, ha escalado su confrontación política al revelar un segundo video que, según ella, expone la presunta red de corrupción ligada al líder morenista Adán Augusto López Hernández. Esta nueva evidencia audiovisual busca detallar cómo operan las empresas y los operadores financieros involucrados en un entramado de presuntos cobros ilegales que habrían estado vinculados a la obtención de contratos y a favores políticos dentro de la esfera pública.
El lanzamiento de este video ha provocado un terremoto político, ya que Téllez ha sido constante en sus señalamientos de corrupción contra el morenista. Este segundo material no solo repite las acusaciones anteriores, sino que, según la senadora, aporta elementos que rastrean la ruta del dinero y de los favores políticos, poniendo el foco en los presuntos intermediarios clave en esta compleja madeja de irregularidades.
Los Empresarios Señalados: La Red de Operación
El centro de la nueva evidencia de la senadora Lilly Téllez es la presunta participación de dos empresarios, identificados como Fernando y Carlo Padilla. Según las declaraciones de Téllez, estos individuos forman parte fundamental del entramado financiero que habría permitido la presunta operación ilegal de la red de corrupción ligada a Adán Augusto.
La acusación específica es que los empresarios Padilla habrían facilitado el cobro de comisiones ilegales a cambio de agilizar o asegurar la asignación de contratos gubernamentales. Este mecanismo de operación financiera, expuesto en el video, sugiere un esquema de tráfico de influencias donde los contratos públicos se obtenían a cambio de favores políticos y pagos por debajo de la mesa.
De Contratos y Comisiones Ilegales
El video de la senadora busca mostrar con detalles gráficos cómo esta presunta red de corrupción funcionaba, enfocándose en la relación directa entre la influencia política del morenista y la obtención de beneficios económicos por parte de los empresarios señalados. La evidencia sugiere que las comisiones ilegales se convertían en el motor de un sistema donde la adjudicación de contratos no se basaba en la competencia leal, sino en acuerdos turbios y favores políticos a la sombra.
La legisladora del PAN exige una investigación inmediata y profunda para verificar la información contenida en el video y para desmantelar lo que describe como un esquema de corrupción que desvía recursos públicos. El señalamiento es grave, ya que implica la utilización de la función pública para enriquecimiento personal y de terceros, afectando la confianza en el manejo de los fondos gubernamentales.






