Una nueva polémica envuelve al gobierno de Morena tras la contratación del artista conocido como Residente para un concierto gratuito en Baja California. El descontento ciudadano se hizo viral en redes sociales, donde se cuestionó el uso de recursos públicos, etiquetados por algunos como «nuestros impuestos«, para financiar la presentación. La crítica se intensificó rápidamente, pues la figura del cantante, que se ha posicionado como un activista social, fue vista como un gasto superfluo en un contexto donde la falta de oportunidades sigue siendo un reclamo constante en la entidad.
La protesta no se quedó solo en el ámbito digital. La indignación escaló a tal grado que diversos raperos locales de Baja California se manifestaron activamente en el lugar del evento. Estos artistas salieron a protestar de manera directa contra lo que consideran una falta de oportunidades y apoyo real para el talento local. Argumentaron que, mientras el gobierno destina fondos a la contratación de figuras internacionales como Residente, la escena musical y cultural de la región sigue marginada y sin los recursos necesarios para prosperar.
El Gasto Público y la Polémica Ausencia del Artista
El punto de mayor polémica que desató la furia de los asistentes y los críticos fue el hecho de que Residente ¡ni siquiera estuvo presente! Reportes indican que el artista no acudió al evento, lo que convierte la inversión de los impuestos en un gasto no solo cuestionable, sino totalmente infructuoso. Este detalle fue el combustible final para las críticas, pues se cuestiona seriamente la gestión y supervisión de los contratos que realiza el gobierno de Morena, especialmente cuando se trata de figuras tan mediáticas.
Este incidente en Baja California pone en el ojo del huracán la forma en que el gobierno maneja el presupuesto destinado a eventos culturales y masivos. Para muchos ciudadanos, la contratación del artista, conocido también como «vendido» por su cambio de postura ante ciertos temas políticos, es un ejemplo de cómo se prioriza el espectáculo sobre las necesidades reales de la población y el fomento de la cultura local, mientras se dejan de lado los problemas de fondo.
La protesta de los raperos locales subraya un problema sistémico: la disparidad en la distribución de los recursos culturales. Al ver que se destinan grandes sumas a un artista extranjero que, además, incumplió con su presentación, la exigencia de más oportunidades para los talentos de Baja California se vuelve más legítima y apremiante. Los artistas locales demandan que esos impuestos se inviertan en infraestructura, difusión y becas que impulsen la cultura y el arte regional.
En conclusión, este evento se ha transformado en un símbolo de la mala gestión y las prioridades gubernamentales cuestionables. La polémica generada por la contratación de Residente con impuestos públicos, sumada a su inexplicable ausencia y la protesta de la comunidad rapera local por falta de oportunidades, exige una aclaración inmediata por parte de las autoridades de Baja California y del partido Morena sobre el destino exacto de esos fondos y las responsabilidades contractuales.
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