27 FEBRERO 2025 CANCÚN, MX.- El Gobierno de Quintana Roo ha iniciado un proceso legal para revocar la concesión de agua potable y alcantarillado otorgada a Aguakan en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. La decisión se basa en un amplio rechazo social debido a deficiencias en el servicio, cobros indebidos y daños ambientales.
En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, explicó que el proceso responde a las constantes quejas ciudadanas y al compromiso de la administración estatal con la transparencia y el bienestar social. Según Torres, la revocación se justifica por el incumplimiento de la concesionaria y la afectación a la calidad de vida de los habitantes.
Auditorías Revelan Irregularidades
Desde el inicio de la administración, se han realizado auditorías técnicas, financieras y sanitarias para evaluar el cumplimiento del contrato otorgado en los años 90 y extendido en 2014 hasta 2053. Se detectaron diversas irregularidades, como una ampliación ilícita de la concesión sin facultades legales del Ejecutivo estatal.
Por estas razones, el 16 de mayo de 2024, el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que resultó en una carpeta de investigación contra directivos de Aguakan. Las autoridades aseguran tener pruebas de delitos como promoción de conductas ilícitas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya se han emitido órdenes de aprehensión contra algunos directivos.
Problemas Ambientales y Sanitarios
El gobierno estatal también documentó problemas ambientales y sanitarios graves asociados a la operación de Aguakan. Se obtuvieron muestras en escuelas, hospitales y plantas de tratamiento, detectando contaminantes en el agua potable fuera de los límites permitidos, lo que representa un riesgo para la salud pública. Además, se encontraron niveles alarmantes de bacterias como E. coli y coliformes fecales en aguas residuales, amenazando el ecosistema local.
Compromiso con la Legalidad y la Voluntad Popular
Las autoridades recalcaron que su actuar se basa en el cumplimiento de la ley y en la voluntad ciudadana expresada en consultas populares previas, donde la mayoría votó por la revocación de la concesión. Aclararon que no buscan la compra de Aguakan, sino la terminación definitiva del contrato.
El Gobierno de Quintana Roo reafirmó su compromiso con el acceso equitativo al agua como derecho humano y no como un privilegio. «La Cuarta Transformación no permitirá que el agua sea utilizada para el enriquecimiento privado a costa de la población», subrayaron.
Sin acuerdos con Aguakan
Finalmente, el gobierno dejó claro que no existe ningún acuerdo con Aguakan y que seguirán defendiendo los intereses de los ciudadanos hasta las últimas consecuencias. Este proceso marca un hito en la lucha por servicios públicos de calidad en Quintana Roo.
Es genial ver que se están tomando medidas para mejorar la situación. Sin embargo, me parece que se debería hacer un esfuerzo mayor para involucrar a la comunidad en el proceso. A veces, las decisiones se toman sin escuchar a quienes realmente están afectados, y eso puede hacer que las soluciones no sean las mejores.