Los exgobernadores de Guanajuato, Miguel Márquez, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, se encuentran en el ojo del huracán tras confirmar que poseen concesiones para el uso de agua. Ambos políticos han salido al paso de las acusaciones y de la preocupación pública que sugiere un posible acaparamiento de agua por parte de figuras de poder. En una declaración que busca calmar las aguas y aclarar su posición, insisten firmemente en que la obtención y el manejo de estas concesiones se apegan rigurosamente a la ley. Han dejado claro que sus acciones no representan un abuso de poder ni una desviación de los marcos legales establecidos para la distribución del vital líquido.
La Defensa de la Legalidad en el Uso del Agua
Ambos exmandatarios han defendido con vehemencia la legalidad de sus concesiones de agua, asegurando que cada una de ellas fue obtenida siguiendo los procedimientos administrativos correctos y cumpliendo con toda la normativa vigente. La postura de Márquez y Ramírez Acuña es de total transparencia y confianza en los procesos que les otorgaron el permiso para usar el agua en sus propiedades o actividades. Subrayan que las licencias no son un secreto y están registradas ante las autoridades competentes, demostrando que no tienen nada que ocultar y que actúan dentro de los límites que la ley mexicana establece para el aprovechamiento de los recursos hídricos.
El desafío lanzado por los exfuncionarios es directo y contundente: invitan a cualquier autoridad o entidad competente a que realice una revisión exhaustiva de sus expedientes y de las condiciones bajo las cuales operan sus concesiones de agua. Este llamado a la revisión no es solo una declaración, sino un reto público que busca desmentir las insinuaciones de prácticas irregulares o de un indebido acaparamiento de agua. Están tan seguros de la pulcritud de sus trámites que autorizan de antemano la cancelación de las licencias si se encuentra la más mínima evidencia de un procedimiento fuera de la ley.
Este panorama ha puesto en la agenda pública la necesidad de una revisión más profunda sobre el sistema de otorgamiento de concesiones de agua en el país. Aunque los exgobernadores insisten en que sus documentos están en regla, el debate se centra ahora en si el marco legal actual es suficiente para evitar que personas con influencia política o económica puedan obtener un número desmedido de permisos. La opinión generalizada es que, más allá de la legalidad individual de cada concesión, el foco debe estar en la equidad y en el impacto social que tiene la concentración de los derechos de agua en pocas manos, especialmente en regiones que sufren escasez.
Contexto de la Escasez y la Concentración
El caso de Márquez y Ramírez Acuña llega en un momento de gran sensibilidad social por la crisis hídrica que afecta a varias regiones, incluyendo partes de Guanajuato y Jalisco. La escasez de agua ha exacerbado la vigilancia ciudadana sobre quién y cómo utiliza este recurso esencial. La revelación de que exgobernadores poseen estos permisos, aunque sean legales, automáticamente despierta suspicacias sobre si la ley facilita de manera desproporcionada el acceso al agua a ciertos grupos. El argumento de «no acaparar» se vuelve difícil de sostener cuando el contexto es la sequía y la preocupación por el acceso al agua para el consumo humano básico.
Este evento subraya una problemática mayor en México: la falta de una plataforma de transparencia en el manejo del agua. Para complementar esta información, es crucial destacar que la Ley de Aguas Nacionales, la cual rige el otorgamiento de estas concesiones, establece que las autoridades deben priorizar el uso doméstico y público urbano del líquido sobre cualquier otro uso. Sin embargo, en la práctica, la opacidad en el registro y la dificultad para acceder a información detallada sobre los volúmenes concesionados y sus fines dificulta a la ciudadanía y a los investigadores verificar que esta priorización se cumpla a cabalidad. Este vacío de información alimenta las dudas sobre un posible favoritismo en la asignación del agua y la forma en que se están administrando las reservas nacionales en medio de la crisis climática, haciendo que las declaraciones de legalidad de los exgobernadores sean insuficientes para disipar la desconfianza pública.
