El Partido Acción Nacional (PAN) ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas enfocadas en fortalecer la estrategia de seguridad del país, específicamente en el combate al crimen organizado. El senador panista Agustín Dorantes presentó una iniciativa dirigida al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la cual consta de cuatro puntos clave que buscan aumentar la efectividad de las corporaciones y proteger el sistema político. Estas acciones se centran en la seguridad interna y la confiabilidad de los funcionarios que tienen a su cargo la tarea de proteger a la ciudadanía.
Mandos Policiales y Proceso de Control de Confianza
Uno de los pilares de la propuesta del PAN radica en la urgencia de someter a controles más rigurosos a los altos mandos policiales y a los secretarios de seguridad a nivel local. La idea es que estos funcionarios, cuya labor es crucial en la lucha diaria contra la inseguridad y la delincuencia, pasen por exámenes de control de confianza actualizados y estrictos. El objetivo principal es asegurar que quienes lideran las instituciones de seguridad no tengan vínculos con el crimen organizado y sean personas íntegras, libres de corrupción, fortaleciendo así la seguridad institucional desde sus cimientos.
El senador Dorantes argumenta que la debilidad en los mandos es uno de los principales problemas que permite la infiltración de grupos criminales en las corporaciones. Al exigir que estos líderes cumplan con los controles de confianza, se busca limpiar las estructuras de seguridad y garantizar que las estrategias implementadas a nivel federal y estatal realmente se ejecuten de manera correcta. Una seguridad fuerte empieza por tener líderes en quienes se pueda confiar plenamente.
Blindaje Electoral y Legislar la Seguridad Interior
Otro aspecto fundamental de la iniciativa es el blindaje del proceso político y electoral ante la amenaza criminal. El PAN propone que todas las personas que participen en elecciones, ya sea como candidatos o en puestos clave de campaña, sean sujetos a controles de confianza rigurosos ante instituciones federales. Este punto es crucial para evitar que el crimen organizado influya o imponga a sus candidatos en puestos de poder, lo que minaría la seguridad democrática del país.
Además, el plan plantea la necesidad de legislar para que los cárteles de la droga sean catalogados formalmente como una amenaza a la seguridad interior del Estado mexicano. Este cambio en el marco legal permitiría al Gobierno Federal utilizar una gama más amplia de recursos y estrategias, tanto militares como de inteligencia, para combatir estas estructuras criminales. Al reconocerlos como una amenaza directa a la seguridad, se justificaría la aplicación de medidas más contundentes y coordinadas en todo el territorio.
