En una reciente presentación durante la conferencia matutina, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, ha puesto de relieve el alarmante impacto económico del sobrepeso y la obesidad en el sistema de salud del país. Clark advirtió que el costo anual de estas condiciones de salud asciende a la asombrosa cifra de 180 mil millones de pesos. Este gasto monumental subraya la necesidad urgente de tomar medidas proactivas para combatir la crisis de salud pública y mitigar la carga financiera que representa para el Estado. La obesidad y el sobrepeso son un problema de salud, pero también de finanzas públicas.
El gobierno ha propuesto un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos, una medida diseñada con un doble propósito. Por un lado, se busca reducir el consumo de estas bebidas azucaradas, asociadas directamente con la obesidad y el sobrepeso. Se estima que la medida podría llevar a una disminución del 7% en su consumo. Por otro lado, el ajuste fiscal tiene un componente de recaudación, con el objetivo de generar 41 mil millones de pesos adicionales que serán destinados íntegramente al sector de la salud.
El IEPS como Herramienta para Combatir la Obesidad
El ajuste al IEPS es visto por el gobierno como una herramienta fiscal para influir en los hábitos de consumo de la población. La idea es que al encarecer los productos menos saludables, como los refrescos, se desincentive su compra y se fomente una alimentación más balanceada. Esta estrategia ya ha sido implementada en otros países con resultados mixtos, pero el gobierno mexicano confía en su efectividad para enfrentar el problema de la obesidad y el sobrepeso.
La decisión de destinar los 41 mil millones de pesos adicionales a la salud demuestra la seriedad del gobierno en abordar el problema. El dinero recaudado se utilizará para fortalecer el sistema de salud pública, lo que incluye la compra de equipo médico, la construcción de nuevas clínicas y la implementación de programas de prevención. Así, el impuesto no solo actúa como un freno al consumo de refrescos, sino que también se convierte en una fuente de financiamiento para atender las enfermedades crónicas asociadas a la obesidad y el sobrepeso.
Esta propuesta gubernamental ha generado un amplio debate entre diversos sectores. Mientras algunos expertos en salud pública aplauden la medida como un paso necesario para proteger a la población, la industria de bebidas y algunos economistas han expresado su preocupación por el impacto en los precios y en la economía familiar. La propuesta de combatir la obesidad y el sobrepeso con medidas fiscales es una estrategia que ha demostrado ser efectiva en otros países, pero su implementación en México presenta retos significativos.
Finalmente, la administración actual busca con esta medida no solo una solución a corto plazo para la crisis de salud, sino también sentar las bases para una política pública más robusta que promueva la salud y el bienestar a largo plazo. La obesidad y el sobrepeso son problemas complejos que requieren una solución integral, y el ajuste al IEPS es solo una parte de una estrategia más amplia que busca un futuro más saludable para los mexicanos.
El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para varias enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), más del 70% de la población adulta en México padece sobrepeso u obesidad, colocando al país entre los primeros a nivel mundial en este rubro. El elevado costo para el sistema de salud se debe principalmente al tratamiento a largo plazo de estas enfermedades crónicas y a las complicaciones asociadas. El impuesto a los refrescos no es una medida nueva en México; se implementó por primera vez en 2014 con el objetivo de reducir el consumo y se ha ajustado anualmente por la inflación.
