6 AGOSTO 2025- NACIONAL- La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio respecto a la decisión de Estados Unidos de renunciar a aplicar la pena de muerte a tres de los capos más conocidos del narcotráfico mexicano: Ismael “El Mayo” Zambada, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” y Rafael Caro Quintero. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que México no forma parte de estas decisiones y subrayó que el gobierno federal mantiene una postura clara y firme contra la pena capital.
Sheinbaum recalcó que aunque los casos involucran a figuras clave en el crimen organizado, la posición de México ante este tipo de castigo es inamovible, incluso en situaciones tan sensibles como las relacionadas con narcotráfico o violencia extrema. “Nosotros estamos en contra de la pena de muerte… no importa el delito”, declaró, asegurando que la negativa se basa en una convicción de derechos humanos y principios constitucionales.
En ese contexto, la mandataria explicó que los tratados de extradición vigentes entre México y Estados Unidos establecen la reciprocidad jurídica, lo que significa que cualquier persona extraditada desde México no puede ser ejecutada ni recibir condenas que vulneren los derechos humanos. En consecuencia, cuando los capos son entregados a la justicia estadounidense, México exige garantías de que no se les aplicará la pena capital.
Sobre si su gobierno influyó o no en la decisión de Washington, Sheinbaum fue clara y directa: “No participamos en estas decisiones. Es una decisión de Estados Unidos”. Sin embargo, no dejó de señalar que el marco legal mexicano y los compromisos internacionales protegen incluso a los extraditados, una postura que ha sido defendida desde gobiernos anteriores.
Más allá del tema legal, el caso también ha despertado un debate político y social: mientras algunos sectores consideran que los crímenes de los mencionados capos merecen la máxima pena, otros —incluyendo defensores de derechos humanos— coinciden con el gobierno mexicano en rechazar cualquier forma de ejecución judicial.
La renuncia de Estados Unidos a aplicar la pena de muerte en estos casos no solo tiene implicaciones legales, sino que refleja un intento de cooperación internacional bajo principios humanitarios. Esta postura abre la puerta a que se fortalezcan los acuerdos bilaterales en temas de justicia, seguridad y extradición, y además posiciona a México como un actor diplomático que defiende los derechos humanos incluso en los casos más complejos. La decisión también podría marcar un precedente para otros tratados y solicitudes de extradición en el futuro.
