El caso de la diputada #DianaKarinaBarreras ha encendido la polémica nacional tras confirmarse que utilizó su posición de poder para castigar públicamente a una ciudadana que la criticó en redes. Aunque se presenta como defensora de los derechos de las mujeres, Barreras emprendió una denuncia formal que terminó con una sanción ejemplar para su crítica, mostrando cómo se puede instrumentalizar la figura legal de violencia política de género para silenciar voces incómodas.
Todo comenzó con un tweet publicado el 14 de febrero de 2024 por la ciudadana Karla María Estrella, quien insinuó que la candidatura de la diputada era producto del nepotismo, al señalar la influencia de su esposo, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. Este comentario encendió la ira de la legisladora del Partido del Trabajo (PT), que decidió llevar el caso hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Uso del poder y ventaja legal para silenciar
El TEPJF falló a favor de la diputada, declarando que el tweet constituía violencia política de género. La sanción fue dura: multa económica, disculpas públicas diarias durante 30 días en redes y la inscripción de Karla María en el padrón de agresores del INE por 18 meses. Este fallo fue celebrado por Barreras como una victoria por los derechos de las mujeres, pero duramente criticado por muchos sectores como un claro ejemplo de abuso de poder.
Es grave el hecho de que Diana Karina Barreras no solo haya denunciado, sino que haya exhibido todo el proceso de manera pública, maximizando su ventaja como legisladora con acceso a recursos, asesores y medios para amplificar la sanción. La diferencia es enorme respecto a casos donde verdaderas víctimas enfrentan violencia política de género en privado y sin recursos, quedando desprotegidas y sin acceso a justicia efectiva.
Señalamientos de censura y victimización
Tras la resolución del tribunal, la diputada subió un video diciendo: “Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo y no tengo problema en pagarlo… resistiré cualquier intento de silenciarme”. Sin embargo, su discurso fue criticado por intentar victimizarse, cuando fue ella quien usó todos los mecanismos legales a su alcance para castigar a una ciudadana y callar una opinión incómoda.
Activistas y ciudadanos señalaron que este tipo de acciones envían un mensaje peligroso: que el marco legal pensado para proteger a mujeres de violencia política de género puede convertirse en arma de censura, sobre todo cuando hay diferencias de poder tan marcadas. Denunciar desde el cargo público y exponer a una ciudadana a sanciones severas deja ver la desigualdad que permea en estos casos.
El debate está lejos de terminar. Mientras la diputada defiende su proceder como un acto valiente contra el machismo y los estereotipos de género, críticos afirman que se trata de un caso de censura institucional, que exhibe los vacíos y los riesgos de una legislación que puede ser manipulada. En un país con graves problemas de violencia contra las mujeres, usar las leyes para callar críticas legítimas resulta especialmente grave y preocupante.
