#SolomonGalligan, un #delincuentesexual registrado, fue captado en cámara cuando intentaba secuestrar a un niño de apenas 11 años en el estado de #Colorado, Estados Unidos. A pesar de la evidencia contundente, la fiscalía local planea desestimar los cargos en su contra, argumentando que Galligan no está mentalmente apto para enfrentar un juicio.
El hecho ha desatado una ola de indignación en redes sociales y medios estadounidenses, ya que se trata de un individuo con antecedentes y con un acto grabado en video. La noticia fue confirmada por la cadena FOX31, la cual señala que la decisión judicial no se basa en la falta de pruebas, sino en la supuesta «incompetencia mental» del acusado.
Este caso no solo refleja un fallo grave en la protección de los menores, sino que pone en entredicho la capacidad del sistema judicial de Estados Unidos para actuar con firmeza ante delitos de alto impacto. Mientras tanto, el niño y su familia deben enfrentar las consecuencias emocionales del intento de secuestro sin ver justicia.
Y lo más preocupante es que este no es un hecho aislado. Casos como este siguen ocurriendo bajo la bandera de tecnicismos legales y fallas institucionales. Resulta irónico que muchas veces se critique a países como México por sus deficiencias en seguridad, cuando en Estados Unidos, donde se presume tener uno de los sistemas más avanzados, también se toman decisiones que revictimizan a las víctimas y liberan a los agresores.
Galligan podría quedar en libertad bajo supervisión médica o en un entorno controlado, pero lo cierto es que no pisará la cárcel por un crimen que fue grabado, denunciado y ampliamente documentado. Para muchos, esto es solo una muestra más de la incompetencia de las autoridades estadounidenses.
Si el sistema judicial permite que alguien que intentó secuestrar a un niño quede libre, ¿qué mensaje se le da a las víctimas y a la sociedad? La justicia no solo debe ser legal, también debe ser coherente y responsable, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables.
