En una jornada marcada por la alta tensión política y una tramitación legislativa relámpago, el Congreso de Perú ha confirmado la remoción de Dina Boluarte de la Presidencia de la República. Esta decisión, que sacude nuevamente los cimientos de la política peruana, se tomó bajo la figura constitucional de «grave incapacidad moral». Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo, apenas había cumplido un año y medio en el poder, y su salida ocurre a solo seis meses del término formal de su mandato.
La Acusación: Una «Grave Incapacidad Moral»
La figura de la «grave incapacidad moral» es un mecanismo controversial pero legalmente vigente en la Constitución peruana que permite al Congreso destituir a un Presidente. En el caso de Boluarte, la acusación se fundamenta en una serie de eventos y cuestionamientos que, según la mayoría parlamentaria, han minado irremediablemente su idoneidad para liderar la nación. Este concepto amplio permite al Legislativo una gran discrecionalidad para interpretar las acciones del Ejecutivo y tomar decisiones drásticas en momentos de crisis.
El debate en el hemiciclo fue acalorado y fugaz. La oposición argumentó que las controversias que rodearon el gobierno de Boluarte—incluyendo investigaciones fiscales y críticas por la gestión de las protestas sociales—configuraban un patrón de conducta incompatible con la alta dignidad de su cargo. La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso de destitución es notable. La moción se presentó y se votó en un lapso inusualmente corto, reflejando el fuerte consenso (o la prisa) de la mayoría parlamentaria para ejecutar el cambio.
Con la vacancia confirmada, la inestabilidad política que ha caracterizado a Perú en los últimos años se agudiza aún más. La salida de Dina Boluarte la convierte en la sexta persona en ocupar o ser removida de la Presidencia peruana en los últimos siete años, un récord sombrío que ilustra la profunda crisis de gobernabilidad del país. La ciudadanía observa con escepticismo y frustración este nuevo giro, temiendo las consecuencias que esta incertidumbre tendrá en la economía y la vida cotidiana.
¿Quién Asume Ahora el Mando y Cuál es el Futuro?
De acuerdo con la línea de sucesión constitucional, la Presidencia debería recaer sobre el Presidente del Congreso. Sin embargo, en un escenario tan volátil, el nombramiento del nuevo líder y la composición del nuevo gabinete se anuncian como un proceso complejo y potencialmente contencioso. La principal tarea del próximo gobierno será intentar estabilizar el país, calmar las tensiones sociales y, crucialmente, gestionar la transición hacia las próximas elecciones generales.
