La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez, ha lanzado una severa acusación contra el partido Morena, señalando que la reciente aprobación de la Ley de Aguas es parte de una estrategia para utilizar el vital líquido como una herramienta electoral. Sánchez argumentó que el control sobre la distribución y la administración del agua podría ser manipulado por el partido en el poder para premiar o castigar a ciertas regiones o sectores productivos según su preferencia política, lo que contaminaría el proceso democrático y el manejo de un recurso esencial.
El Abandono al Campo y la Consecuencia Electoral
La senadora Paloma Sánchez hizo especial énfasis en el impacto de esta política hídrica sobre el sector agrícola. Ella mencionó que «El gobierno ha dejado en el suelo al campo», una crítica directa a la supuesta falta de apoyos, inversión y la escasez de agua que ha afectado a los productores en diversas zonas del país. Según su visión, el objetivo del partido oficialista no es solo desatender al campo, sino que buscan mantenerlo en un estado de vulnerabilidad para hacerlo dependiente de las decisiones gubernamentales.
El duro señalamiento de la senadora sobre que buscan un «campo sumiso y mediocre» se vincula directamente con la intención de usar el agua como moneda de cambio político. Al limitar o condicionar el acceso al líquido para fines de riego, se presionaría a los agricultores y a las comunidades rurales a alinearse con los intereses de Morena para asegurar la supervivencia de sus cultivos. Esta táctica, de confirmarse, significaría una violación grave a los principios de equidad en la distribución de recursos públicos y el derecho al desarrollo económico de las comunidades agrícolas.
La controversia en torno a la Ley de Aguas y el uso del líquido con fines electorales subraya la tensión existente entre la oposición y la mayoría oficialista en el Congreso. La Ley de Aguas, aprobada recientemente, centraliza o modifica ciertos aspectos de la gestión hídrica, y la senadora Paloma Sánchez advierte que esta centralización abre la puerta a la discrecionalidad política. La capacidad de decidir quién recibe agua y en qué cantidad se convierte, bajo esta óptica, en un instrumento de control territorial con miras a futuras elecciones.
La Crítica al Uso Político del Líquido
El hecho de que una legisladora de la oposición como Paloma Sánchez use un lenguaje tan directo («campo sumiso y mediocre«) refleja la seriedad con la que se perciben las implicaciones de la nueva Ley de Aguas. La crítica no se limita a la técnica legal, sino que aborda la ética de la gestión de los recursos nacionales. La preocupación principal es que el líquido, que debería ser un derecho humano y un motor económico para el campo, se convierta en una variable más en la contienda electoral, afectando a la soberanía alimentaria del país.
