El Gobierno de Venezuela anunció la extinción inmediata de todos los contratos y negociaciones de suministro de gas natural con Trinidad y Tobago, tras acusar a ese país de haber participado en el asalto a un buque que transportaba crudo venezolano, hecho atribuido a Estados Unidos. Caracas calificó el incidente como un acto de piratería y una grave violación del derecho internacional.
Las autoridades venezolanas señalaron a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar de mantener una agenda hostil contra Venezuela, que incluiría la instalación de radares militares estadounidenses, ejercicios conjuntos con el Ejército de EE.UU. y el uso del territorio trinitense como plataforma de apoyo a operaciones militares en el Caribe.
El presidente Nicolás Maduro recordó que en octubre ya había denunciado el Acuerdo Marco de Cooperación Energética con Trinidad y Tobago y ratificó la suspensión total de los acuerdos, en medio de una escalada de tensiones regionales vinculadas al despliegue militar estadounidense y a denuncias de agresiones contra intereses venezolanos.
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