28 DE OCTUBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. El panorama político entre Venezuela y Estados Unidos se tensa aún más a medida que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, acusa abiertamente al presidente Donald Trump de intentar el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones a la BBC, Saab, un estrecho aliado del líder venezolano, afirmó que Trump busca convertir a Venezuela en una «colonia» estadounidense para apoderarse de sus vastos recursos naturales, incluidas las reservas de oro, petróleo y cobre. Esta fuerte acusación se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, presentada por Washington como una ofensiva antidrogas, pero vista por Caracas como una clara amenaza de derrocamiento del poder.
La preocupación de Venezuela se alimenta del refuerzo militar estadounidense en el Caribe, que incluye el despliegue de buques de guerra, aviones de combate y otros activos militares. Estados Unidos justifica esta escalada como una lucha contra el narcotráfico, llegando a reportar la muerte de al menos 43 personas en ataques contra supuestos barcos de drogas en aguas sudamericanas. Sin embargo, para Venezuela, esta ofensiva es una fachada. Saab fue tajante al ser consultado sobre una posible invasión terrestre, señalando que, aunque espera que «no debería ocurrir, estamos preparados». A pesar de la lucha que tilda de «ilegítima», Venezuela insiste en que está dispuesta a reanudar el diálogo con Estados Unidos.
La Duda Sobre la Legalidad y el Refuerzo Militar
La estrategia de Trump ha generado dudas incluso dentro de su propio país. Congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han manifestado su preocupación por la legalidad de los ataques ordenados por el presidente contra las embarcaciones en el Caribe y han cuestionado su autoridad para hacerlo. A pesar de esto, el senador republicano Lindsey Graham ha insinuado que futuros ataques terrestres son una «posibilidad real», indicando que el presidente planea informar al Congreso sobre las operaciones militares al regresar de su gira por Asia. Este escenario alimenta las advertencias de Caracas sobre un intento de derrocamiento en curso.
El despliegue militar se ha intensificado en los últimos dos meses, presentándose como una ofensiva contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. No obstante, numerosos analistas coinciden con la postura venezolana, creyendo que la acción militar es, en realidad, parte de una campaña de intimidación más amplia cuyo objetivo final es el derrocamiento de Maduro. El líder venezolano ha calificado la movilización como «fabricar la guerra», destacando el despliegue, aunque aún pendiente, del USS Gerald R. Ford, el buque bélico más grande del mundo. La llegada del destructor de misiles guiados USS Gravely a Trinidad y Tobago, cerca de la costa venezolana, como parte del mayor despliegue militar en décadas, solo intensifica la sensación de cerco.
Las acusaciones venezolanas han escalado con denuncias de «ataques de bandera falsa» y «provocación militar». El gobierno de Maduro condenó la cooperación militar de Trinidad y Tobago con la CIA y afirmó haber capturado a un «grupo mercenario» con información de la agencia de inteligencia estadounidense. Una operación de bandera falsa es una táctica política o militar diseñada para culpar a un adversario, y Maduro ha recurrido a esta denuncia en el pasado, incluso alegando un plan para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas. Estas declaraciones reflejan la profunda desconfianza y la percepción de un riesgo inminente de derrocamiento que domina el discurso oficial venezolano.
El Contexto de la Ilegitimidad Electoral
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