2 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. El ambiente en Doral, Florida, conocido como «Doralzuela» por albergar la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos, está cargado de tensión y silencio. La preocupación no solo proviene de la compleja situación política y militar que envuelve a Venezuela, sino también del temor palpable a las represalias dentro de suelo estadounidense. La simple pregunta sobre la posibilidad de ataques militares de Estados Unidos contra su país natal se ha convertido en un detonante de miedo y pánico entre los migrantes, quienes evitan a toda costa emitir cualquier opinión. Este silencio es un reflejo de la compleja y doble presión que sienten: la preocupación por sus familias en Venezuela y el miedo a las autoridades migratorias del gobierno de Donald Trump, que ha endurecido las políticas y amenazas de revisar permisos de residencia.
La Amenaza Militar Desencadena el Pánico y el Silencio
La reticencia a hablar es generalizada. El intento de buscar testimonios sobre la amenaza militar en parques y restaurantes de Doral encontró una pared de negación y espanto. Una pareja venezolana, abordada en un parque, reaccionó con visible terror: la mujer apretó los labios, el hombre negó ser venezolano y ambos abandonaron el lugar abruptamente, dejando incluso un triciclo tirado. Esta reacción no es aislada. El hombre que esperaba el autobús y se levantó a toda prisa, solo pudo decir: «No, esto es muy complicado», y agregó con angustia: «Mi familia está allá, imagínate, ¿qué te puedo decir? No quiero ni pensarlo». El miedo a ser señalado, especialmente en medio de las redadas de deportación y la eliminación de mecanismos de protección migratoria, ha silenciado a una comunidad que vive en una encrucijada emocional y política.
El gobierno de Trump ha intensificado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esto incluye una ofensiva contra el narcotráfico en el Mar Caribe, con el despliegue de 15.000 efectivos y buques de guerra, y una recompensa de US$50 millones por la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, clasificado como «organización terrorista extranjera». Esta clasificación legal otorga mayores facultades a las fuerzas armadas estadounidenses para emprender acciones militares directas. La tensión ha escalado al punto de que seis aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos hacia Venezuela por el riesgo de sobrevolar el espacio aéreo, una decisión que el gobierno de Maduro calificó de «acciones de terrorismo de Estado» promovidas por Estados Unidos.
La Amenaza Militar y la Doble Presión sobre la Diáspora
La situación de los venezolanos en Doral es de «apretados por aquí y por allá», como lo describió una joven madre en la entrada de un supermercado. Esta presión dual es crítica. Por un lado, la presencia militar de EE. UU. representa una amenaza militar directa a su país y, por extensión, a sus seres queridos. Por el otro, el riesgo de ser identificados como disidentes en Estados Unidos les impide hablar abiertamente. La promesa del ministro Diosdado Cabello de buscar y tomar acciones contra cualquiera que respalde una invasión desde EE. UU. es un fantasma que persigue a quienes tienen familia en Venezuela. El temor a la persecución política se ha intensificado en su país, donde la ONG Foro Penal calcula que miles de personas han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos desde 2014. El silencio es, para muchos, la única forma de proteger a sus parientes.
«Ay mijita, qué vamos a saber, estamos en ascuas», fue la respuesta de una señora de cabello canoso, resumiendo la incertidumbre de la comunidad. Esta amenaza militar ha creado un ambiente de constante preocupación, a pesar de que algunos, como Oscar, un venezolano de 93 años, mantienen la esperanza de que «no pase nada». Sin embargo, la realidad de la persecución política y la detención de opositores en Venezuela es innegable. Casos recientes, como la condena a 30 años de cárcel a la doctora Marggie Orozco por criticar a Maduro en un audio de WhatsApp o la detención de menores de edad, demuestran la gravedad del «deterioro de la situación de los derechos humanos» en el país.
